En octubre del 2012, luego del escándalo de la bondadosa pensión autoasignada al superintendente de Bancos, Ivanhoe Ng Cortiñas, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 616-12, mediante el cual prohibió los planes de pensiones complementarios en todas las instituciones públicas, en interés de que todo el mundo se acogiera a la ley de seguridad social, la 87-01.
Aunque el objetivo del decreto ponía fin a la pensión de Ng Cortiñas, daba por terminado un debate que se había establecido entre los funcionarios públicos, que evadiendo el cumplimiento de la ley 87-01, establecían planes de pensiones complementarios, que a su vez necesitaban de recursos adicionales que les aportaban las instituciones públicas. Era un subsidio del sector público para unos empleados que se estaban sirviendo con la cuchara grande.
Da la impresión de que nadie hizo caso al decreto 616-12 del presidente Medina. Fue el Banco Nacional de la Vivienda, a través del Plan Complementario de Pensiones, que decidió poner fin a esa entidad privada que se nutría de fondos públicos. Mientras el Estado aportaba cientos de millones de pesos al Plan Complementario, los empleados sólo llegaron a aportar 33 millones de pesos.
Lo mismo pasó en la Superintendencia de Bancos, en el Banco de Reservas, en el Banco Central, en la Suprema Corte de Justicia, en la Junta Central Electoral y en otras instancias, como las supeintendencias de electricidad, pensiones, seguros, entre otras.
Roberto Payano, subgerente general de Administración y Finanzas del Banco Nacional de la Vivienda y la Producción ha revelado a este medio que los planes de pensiones complementarios siguen vivitos en todas las instituciones públicas que los tenían cuando el presidente emitió su decreto 616-12.
¿Y es que la autoridad del presidente Medina no se respeta?
Unos datos aportados por Payano son más que elocuentes. La única pensión que fue eliminada en la Superintendencia de Bancos fue la de Ng Cortiñas. Las demás siguieron en función de la existencia del Plan complementario de Pensiones que tiene esa entidad estatal.
Y ha dicho que sus resultados financieros son desastrosos, pero que el plan sigue vigente pese al decreto del presidente Medina. Lea lo dicho por Roberto Payano en una entrevista sobre los planes complementarios de pensiones:
“Las otras instituciones no han cumplido con el decreto del presidente de eliminar los fondos de pensiones. Nosotros lo hicimos antes que cualquier otra institución. La SIB no hizo caso, y restableció el Plan. La SIB le pasó el año pasado más de 900 millones al plan. Han perdido mucho dinero, en el 2013 perdieron 334 millones de pesos. Y ese plan fue eliminado por el presidente, pero la SIB sigue con él. La única pensión que se eliminó fue la Ivanhoe, pero las demás fueron restablecidas”.
¿Y dónde queda la autoridad de un decreto del presidente de la República?