La posición de la Iglesia Católica contra las observaciones del presidente Danilo Medina al Código Penal para permitir la interrupción del embarazo en caso de violación, incesto o en situación de alto riesgo para la mujer, me parece irracional y rememora su fanático activismo de 1963 contra una Constitución que, según la curia de entonces, desconocía “los derechos de Dios”.
Fue esa actitud lo que proveyó los argumentos de una frenética oposición que condujo al golpe de Estado que llenó de sangre a la nación y congeló la marcha de la república. “Los derechos de Dios” se referían a artículos de la Carta que cuestionaban básicamente los privilegios otorgados a la Iglesia por el Concordato sin llegar siquiera a tocarlos.
La Iglesia acusa ahora al Gobierno de usar su influencia para presionar a la Cámara de Diputados a aprobar las observaciones en su reunión de hoy martes, sin hacer mención alguna de las suyas, expresadas en movilizaciones ante el Congreso, usando niños y mujeres embarazadas, reuniones con congresistas, amenazas de excomunión, declaraciones del Episcopado y una insólita carta del padre Manuel Ruiz renunciando a su cargo de enlace con el Gobierno, con lo cual se amenaza abiertamente a la Presidencia con un rompimiento. La misiva es sobre todo irrespetuosa por cuanto involucra a la esposa del mandatario, insinuando un pretendido pesar suyo por el supuesto golpe recibido a sus “profundas convicciones “católicas.
Resalta en esta carta del sacerdote Manuel Ruiz la evidente intención de intimidar al jefe del Estado con un chantaje de matiz político, relacionando las observaciones presidenciales con un conflicto interno en el PLD, partido gobernante, y a una supuesta intención de impulsar una reforma constitucional para permitir su reelección. La Iglesia insiste así en desconocer que se trata básicamente de un problema de salud pública y derechos humanos, no de moral religiosa.