La violencia está presente en el sector transporte y constantemente mueren choferes, ayudantes o personas vinculadas a las organizaciones de transportistas como consecuencia del desorden y de la falta de autoridad que prima en las instituciones públicas dominicanas.

Por lo menos cinco personas han sido asesinadas en las últimas dos semanas solamente por los conflictos entre los propios transportistas, en disputas por rutas o como consecuencia de uso inadecuado de las rutas por parte de los llamados piratas.

Un reportaje publicado esta semana en Acento, escrito por la periodista Lery Laura Piña, pone en evidencia el tremendo problema que existe en este servicio público con la violencia callejera y en las rutas de transporte de pasajeros.

El gobierno se ha declarado impotente para corregir las deficiencias y las razones por las que se originan los conflictos. Un total de 3.2 millones de personas utilizan cada día los medios del transporte público en el gran Santo Domingo y en Santiago.

Las cinco personas muertas en las últimas horas, más los 28 heridos, pasan desapercibidos para el país y para las autoridades.

El 24 de mayo fue asesinado el chofer Joel Alfredo Decena, de apenas 25 años. Murió por un conflicto en la Ruta 6 de Los Guaricados.

Al día siguiente, el 25 de mayo, en Santiago hubo tres personas heridas a tiros por el control de las rutas urbanas en esa ciudad.

El 27 de mayo dos hombres fueron heridos de bala, José Luis Santana y Mariano reyes Rodríguez, por un conflicto entre los transportistas de Higuey.

Yuliza Santana Cuevas y su padre Julio Santana, residentes en el Batey 5 de Neyba, fueron tiroteados en su casa por un conflicto de rutas entre transportistas de Tamayo.

Hace un mes en San Cristóbal fueron asesinados Sixto Dicen, un sindicalista conocido como Papito y Maikel Arias Mateo, por un conflicto entre los transportistas de esa provincia por la ruta Santo Domingo-San Cristóbal.

Y se sabe que la violencia entre estos empresarios del transporte ha puesto fin a la vida de varias personas, por incendios provocados en vehículos del transporte de pasajeros y por la forma irresponsable en que se comportan los choferes cuando se pelean por un pasajero.

Y esto ocurre a los ojos de todo el mundo. Y nadie hace nada para evitarlo. La violencia en el sector transporte es como la violencia en la política: nadie paga los platos rotos. María Paz Conde, la directora de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, ha reconocido que en esta área cada quien hace lo que le da la gana.

El gobierno tiene un burocracia supernumeraria que tampoco ayuda a nada. Aparte de la OTTT, existen la AMET, la OMSA, la OPRET y las direcciones de tránsito de Obras Públicas y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Antonio Marte y Juan Hubieres consideran que estas oficinas oficiales son “espacios de corrupción y despilfarro”.

Incluso, se entiende que algunas organizaciones de transportistas tienen sus propias bandas de delincuentes para agredir a los demás, que supuestamente invaden sus rutas.

Alguien en el gobierno, sea la Procuradoría General de República o la Policía Nacional, deben tomar en cuenta que la violencia en el área del transporte hay que detenerla. Si esto crece más de lo que ya ha crecido, será peor.