Este 25 de noviembre el país conmemora, como ocurre con las demás naciones que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas, el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. Se conmemora esta fecha con motivo del asesinato de las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, por parte de la dictadura de Rafael L. Trujillo.
En esta ocasión la conmemoración coincide con el reciente lanzamiento de un programa de prevención de violencia de género de la Procuraduría General de la República. Se busca coordinar los esfuerzos del Estado para hacerle frente a la epidemia de violencia que afecta a las mujeres, y que podría concluir que este año hayan muerto asesinadas hasta 200 mujeres por su condición de mujer, y que los crímenes los hayan ejecutados maridos, novios, amantes, ex parejas, es algo más que una tragedia que la sociedad debe detener.
El 25 de noviembre es una fecha que como el 8 de marzo se utiliza para hacer declaraciones públicas y promesas. Tanto de las autoridades como de los líderes y partidos de la oposición. El deseo es que esta fecha no sirva para eso, como plataforma para lanzar proclamas vacías y hacer discursos bonitos, que no tienen ningún efecto.
Lo deseable es que las políticas públicas para detener la violencia de género, y los asesinatos de mujeres, sean permanentes durante todo el año, y tengan consistencia con la gravedad del problema.
Las políticas públicas tienen que llevar consigo los fondos para ser ejecutadas. Ninguna política pública sin presupuesto es real ni sincera. Políticas públicas sin presupuesto son solo deseos que se tornan en engaños para los incautos que piensan que con una declaración de buenas intenciones es posible tener incidencia sobre la conducta machista.
Una política para detener la violencia contra las mujeres necesita de presupuesto. De lo contrario, es una hipocresía. La Procuraduría General de la República no puede, ni debe, salir a las calles a pedir dinero o apoyos económicos para poner en marcha su programa de prevención. Si el gobierno no aporta los fondos necesarios este programa preventivo y sancionador no servirá de nada, y el próximo año tendremos tal vez 300 mujeres menos por crímenes de hombres violentos y machistas.
La otra cosa tiene que ver con la responsabilidad del Estado en poner en marcha un programa integral de enseñanza de la sexualidad en las escuelas, que incluya debates y enseñanzas sobre temas vinculados a la violencia, la dignidad, los derechos sexuales y reproductivos y muchos otros aspectos que no se debaten ni se imparten, porque el Estado ha sido tímido frente a los grupos conservadores que se niegan de forma irresponsable a la enseñanza de la sexualidad integral en las escuelas.
Estados Unidos y otros países se encuentran en este momento en una especie de estupefacción por las revelaciones de violencia y abuso sexual de notables figuras del mundo de la política, del arte y la comunicación. Senadores, Gobernadores, director de empresas cinematográficas, actores, pastores cristianos son señalados por haber cometido abusos sexuales en diferentes momentos de sus vidas. Todos los días hay un dato nuevo sobre un personaje nuevo que cae, acribillado por las revelaciones de las víctimas.
Si en la República Dominicana se comenzara a revelar datos de esta naturaleza rodarían muchas cabezas, de personalidades de todos los ámbitos, porque la sociedad machista dominicana ha prohijado y tolerado muchos abusos de poder que han implicado la violencia contra mujeres y hombres, que no han tenido ni tienen ninguna protección para denunciar situaciones en que se han violentado sus derechos y su dignidad.
La violencia de género y contra la dignidad de las personas tienen facetas muy variadas, y explicaciones de naturaleza escandalosa, como ocurrió con el crimen de la jovencita Emely Peguero, menor de edad, embarazada, y que fue asesinada por alguien con poder, indirectamente vinculado al Estado.
La responsabilidad del sector público en estos casos, es muy alta. Ojalá que avancemos.