En la evaluación sobre el primer año de gobierno, Luis Abinader dijo algunas palabras que resultan emblemáticas y que están muy a tono con las aspiraciones del pueblo dominicano.
Su gobierno ha emprendido procesos de cambios que tienen que mantenerse, y que si fuera posible, debían consolidarse para que no sigan siendo solo la voluntad del presidente de la República.
En este punto rescatamos una de las frases del presidente que nos parece importante y sincera:
Todos los males de una democracia se curan con más democracia. Y eso estamos haciendo. Pero la democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes, no pueden depender de la buena voluntad de un Presidente.
En una democracia la alternancia es la norma. Hoy un presidente expresa y actúa con buena voluntad democrática y puede que la siguiente elección salga presidente uno que no tiene la misma voluntad democrática. Ejemplos sobran.
Es en este punto que el presidente Abinader propuso un diálogo, un acuerdo de partidos y movimientos sociales “para blindar todos los avances democráticos que hemos conseguido, voy a proponer este mismo año una reforma de la Constitución que haga imposible que se pueda volver a la situación anterior y que consolide definitivamente, junto a otras conquistas, la independencia del Ministerio público”.
Con ese proceso estamos de acuerdo. La Constitución puede tener palabras o conceptos que representen “independencia”, “transparencia”, “profesionalidad” del Ministerio Público, y es precisamente lo que hemos visto en los hechos. Son conceptos vacíos, sin responsabilidad. Un presidente puede perfectamente designar una persona al frente de la Procuraduría General de la República que se dedique a traficar influencias, a proteger el crimen y el delito en vez de perseguirlo, bajo los mismos argumentos constitucionales que hemos tenido y tenemos en la actualidad.
En cambio, si se realiza una modificación de la Constitución, y queda explícito que el poder ejecutivo no tiene autoridad sobre la labor del Ministerio Público, ni puede designar ni destituir a funcionarios de ese cuerpo, como está proponiendo Luis Abinader, estaríamos ante un reclamo de muchos años de la sociedad dominicana. No hay desatino ni quiebre en la propuesta. Es un político -quien ocupa la presidencia de la República- que está proponiendo despojarse de un poder de sanción extraordinario, para darle salubridad, calidad, solvencia y respeto a la labor del Ministerio Público.
Las restantes once propuestas del presidente Luis Abinader han sido y siguen siendo reclamos de la sociedad dominicana, incluyendo de algunos de los que ahora quieren quitar validez a la propuesta del presidente.
Hace falta una reforma de la transparencia y la Institucionalidad en el país, que incluya a la Cámara de Cuentas y que modifique el rol de la Contraloría General de la República.
Hace falta la reforma del sector eléctrico. Es algo en lo que se ha invertido más de 30 años, invertido miles de millones de pesos y todavía seguimos nadando entre intereses y ventajas bien garantizados por el Estado a grupos que han tenido capacidad e inteligencia para absorber la capacidad del Estado de actuar con corrección y protección de la ciudadanía y de las finanzas públicas.
Nadie puede negar que la reforma del sector agua carezca de validez. Es urgente para que el país garantice agua potable para toda la sociedad, y agua para producir energía renovable así como para la producción agrícola.
La seguridad pública es otro renglón que demanda la reforma de la Policía Nacional, para que sea eficiente y preventiva y no un antro de corrupción y arribismo, en que cualquier director se hace millonario con solo permanecer un año al frente de la Policía.
Hay que trabajar la reforma de la educación pública, para que su producto tenga calidad y sirva para formar a los ciudadanos y ciudadanas que harán las nuevas transformaciones que necesite la sociedad dominicana.
Las demás son reformas necesarias, urgentes, que tienen como impulsor la crisis del Covid, y que nos ha afectado seriamente en nuestra capacidad económica y de hacer frente a los temas de salud, laboral, las finanzas públicas con la parte fiscal, así como la transformación digital y la creación de un sistema de transporte eficiente y de costos controlados.
Ya el gobierno ha procedido a convocar a los sectores políticos con representación congresual, como lo ha informado el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza.
La primera reunión se realizará el 30 de agosto próximo, en torno al Consejo Económico y Social, que preside el maestro Rafael D. Toribio, a quien auguramos éxitos en su complicado esfuerzo para reunir voluntades y dejar a un lado maledicencias.
Lo que dijo Paliza es válido: “Tenemos la firme convicción de que ha llegado la hora de las reformas, de concentrarnos en modernizar a fondo nuestro país y alcanzar lo que hemos definido como la segunda restauración institucional, fiscal y laboral para la República Dominicana”. Enhorabuena.