Asombro, perplejidad, desconcierto, incertidumbre. Cualquiera de estos conceptos se pudiera aplicar a lo que ocurre con la honorable (?) Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción allanó el local de la Cámara de Cuentas, se incautó documentos valiosos que corroboran algunas de las hipótesis del Ministerio Público sobre actos de corrupción, prevaricación, obstrucción de la justicia y asociación delictiva que se piensa imputar a los miembros del honorable (?) organismo, responsable de auditar las cuentas de todas las instituciones que reciben fondos del Presupuesto Nacional.
Lo dicho por el magistrado Wilson Camacho, Procurador adjunto responsable del PEPCA, es que (¡insólito!) "la Cámara de Cuentas ha sido parte del problema y no de la solución; ha sido cómplice de la corrupción y no defensora del erario; ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana y no en su favor”.
La operación de persecución de la corrupción en la Cámara de Cuentas ha sido denominada Caracol. Ya se sabrá las razones. Una sería por la lentitud con que se mueven, que podría ser aplicada a la Cámara de Cuentas, que ha sido directamente acusada por el presidente de la República, Luis Abinader, de no haber auditado a nadie, y si lo hizo, decimos nosotros, fue para intentar ocultar información que pusiera en evidencia los actos ilícitos que ella estaba obligada a poner en evidencia.
No es extraño lo revelado por Wilson Camacho, luego del allanamiento a las instalaciones de la Cámara de Cuentas:
“En este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de “maquillar” auditorías para favorecer a instituciones y a personas que dirigían esas instituciones (públicas)…A nuestro juicio, (los miembros de la Cámara de Cuentas) han cometido actos que son contrarios a la ley, que son delitos y que, nosotros, en la medida en que analicemos esta investigación, estaremos tomando los correctivos y desarrollando las acciones de lugar”.
¿Y cómo es posible que hayamos llegado a este extremo? Jamás en la historia institucional de la República Dominicana, desde la fundación de la República en 1844, había ocurrido algo como esto. El Ministerio Público se ha provisto de todos los mecanismos legales para proceder contra la Cámara de Cuentas, como lo han dejado claro la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y como lo establece el jurista constitucionalista Cristóbal Rodríguez Gómez, en un artículo que se publica este miércoles en nuestra sección de Opinión.
En su artículo 154 la Constitución de la República permite los procesos penales contra los miembros de la Cámara de Cuentas, pues no se trata de funcionarios de elección popular, como lo son el presidente y vicepresidente y los senadores y diputados. Mientras están en el desempeño de la posición, los miembros de la Cámara de Cuentas tienen jurisdicción privilegiada, y por tanto van directamente ante la Suprema Corte de Justicia. Y en este caso fue la propia Suprema Corte de Justicia que autorizó el allanamiento practicado esta semana.
Los miembros de la Cámara de Cuentas están sujetos a un juicio político, por parte del Congreso, y pueden ser destituidos por la comisión de faltas graves, también comprometen su responsabilidad civil y pueden ser condenados por daños y perjuicios en contra del Estado, y por tanto obligados a la reparación de los daños cometidos, y también tienen el agravante de ser sometidos penalmente. Entre los abogados hay diferencias sobre la prisión o no, antes o después de la destitución, tanto del presidente como del vicepresidente de la Cámara de Cuentas.
Cuando Marcha Verde se movilizó, y mantuvo sus demandas durante varios años, demandó ceso de la impunidad especialmente en el caso Odebrecht. También incluyó otros casos, como Puta Catalina, la compra de los aviones Tucano, y la corrupción en la OISOE. Jamás se pensó que en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se había organizado una estructura para deglutir auditorías que registraran casos graves de corrupción y proteger a los responsables de esos actos.
¡Válgame Dios! ¿A dónde hemos llegado?