El llamado delito de cuello blanco, cuyas expresiones más conocidas son la corrupción y el tráfico de influencias ejercidas desde un cargo público, no suele ser combatido por las autoridades que tienen la responsabilidad de hacerlo. Esa ha sido una infame práctica en la historia nuestra.
"Borrón y cuenta nueva", "pasar la página", "no tirar piedras hacia atrás", "no destapar la caja de Pandora", "si enfrento a los militares corruptos, me dan un golpe de Estado".
Estas tristes expresiones de la irresponsabilidad o el oportunismo político han marcado a la mayoría de nuestros gobiernos.
Las secuelas de permitir que los corruptos disfruten de impunidad están a la vista de todo el país, no es necesario enumerarlas.
Fuésemos un mejor país, más próspero y justo, si la corrupción no se hubiese enseñoreado sobre los partidos políticos y la administración del Estado por tanto tiempo.
El presente gobierno del presidente Luis Abinader ha enviado señales de que está decidido a enfrentar la corrupción. Operación Anti Pulpo, Operación Calamar Gigante y Operación Coral, son una muestra.
Ha llamado la atención de que en el caso más reciente se incluya a un mayor general que durante ocho años ejerció una fuerte influencia en los asuntos militares.
Que nadie que no deba tenga temor. No es verdad que estamos asistiendo a una cacería de brujas. Los casos investigados, a juzgar por los indicios examinados por la Procuraduría General y sus departamentos especializados, pueden sustentarse en un tribunal.
Los rangos y los uniformes no eximen de la responsabilidad de cumplir las leyes y las normas.