La transición de un gobierno de 16 años continuos, a cargo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que se estrena en el ejercicio del poder, marcha con cierta tranquilidad. Talvez con más calma que lo se vislumbraba por lo singular del proceso electoral, pospuesto en más de una ocasión, y llevado a cabo en medio de una pandemia que ha cobrado miles de vidas.
Con apenas dos semanas, de un nuevo gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), los sectores más vehementes quisieran que se acelere la marcha en muchos sentidos: en la persecución de la corrupción, en el despido de personas que no ejercen ninguna labor que justifique estar incluidos en nóminas del Estado, en el cambio de funcionarios que constituyan obstáculos para el fortalecimiento institucional.
Sin embargo, hasta el momento no se puede afirmar que se hayan producido enunciados oficiales extravagantes ni amenazas, tampoco hay nadie preso, ni se han colocado impedimentos de salida del país, como muchos esperaban.
Pero tampo se puede afirmar que exista algún "entendimiento", acuerdo o colaboración espuria entre las autoridades pasadas y las presentes. El nuevo gobierno denunció que en apenas unos días antes de irse, las pasadas autoridades consumieron la suma de 35,600 millones de pesos. También hicieron saber que las pasadas autoridades licitaron todas las obras por hacer, y asignaron las obras a contratistas que se entienden con derechos adquiridos.
Obviamente, habrá oposición poderosa y ruidosa una vez que se sometan a la justicia a quienes no puedan justificar sus ricos patrimonios acumulados solo desde una función pública o de sus vínculos con el poder
Igualmente, los pasados administradores pagaron las deudas de todos los peledeístas que tenían negocios con el Estado, y saldaron para dejar las arcas públicas vacías. Hay muchos sectores en donde se sabe que los suplidores estatales, vinculados con la familia presidencial saliente, hicieron fiesta con el dinero público. En otros lugares anunciaron que dejaban fondos en caja, pero las deudas pendientes eran superiores a los mondos en las cuentas.
El Estado y su continuidad son factores obligatorios. Ya se sabe que algunos funcionarios se distribuyeron beneficios extraordinarios, por gestión de ocho meses, como el caso del Banco de Reservas, en donde su administrador recibió por resultados no concluidos de 2020 la suma de 110 millones de pesos. Eso no lo inició Simón Lizardo, administrador saliente, pero se convirtió en una práctica reciente y tampoco hay acciones legales para impedir estos actos.
La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, se está tomando su tiempo para organizar su equipo de trabajo y comenzar a conocer a fondo los grandes casos manejados por el anterior incumbente, Jean Alain Rodríguez. Ha tomado una decisión correcta al reclamar a la fiscal del Distrito Nacional -para algunos vinculada políticamente a la anterior administración- la entrega de varios expedientes de corrupción puestos a su cargo por el anterior Procurador General antes de concluir su gestión.
Pero ocurren tragedias, que probablemente nada tengan que ver con la transición, como el incendio en un transformador en la subestación del kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte, que provocó una avería que afecta a varios sectores de la capital, informó la Empresa distribuidora de Electricidad del Sur, EDESUR, y que los que se quedaron sin el servicio de energía eléctrica pasan de los 100 mil usuarios. Que investiguen el origen de la explosión, y si hubo manos criminales. El transformador incendiado tiene un costo de dos millones de dólares, recursos que habrá que buscarlos de inmediato para restablecer el servicio. Las EDES no están precisamente en momentos de holgura económica.
Y por supuesto, queda lo de las auditorías a las instituciones públicas. El actual gobierno tiene que saber qué recibió y en qué condiciones. Eso es posible solamente si se hacen auditorías. La Contraloría General de la República puede hacerlas. Aunque se argumenta que la primera opción legal para auditar al Estado debe de ser la Cámara de Cuentas, este organismo no goza en la actualidad de la credibilidad indispensable para asumir una tarea tan delicada. Hay que recordar que están de por medio miles de millones de dólares. Para muestra el botón de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
El país espera acciones, pero lo peor sería dejarse ganar por desesperación y comenzar a exigir prisión pura y simple, si antes no se investigan los hechos sancionables y se les identifica y se seleccionan los tipos penales involucrados, en expedientes bien sustentandos.
Pero lo más reciente es lo del pasado inmediato. OISOE, OMSA, OPRET, MOPC y muchas otras instituciones públicas en donde familiares de altos funcionarios hicieron y deshicieron. No hubo rigor en la asignación de compras y contrataciones. La institucionalidad fue herida, rota, pisoteada. A este gobierno se le debe exigir el rigor que no se le exigió a los que robaron y delinquieron. Debemos resistir, y no tomar como normal que todo el que llegue al Estado se aproveche para enriquecerse y enriquecer a grupos vinculados.
Otra presión que comienza a sentir el joven gobierno es que los perremeístas y aliados reclaman empleos. Este gobierno prácticamente no ha despedido servidores públicos heredados de la pasada administración, no se han llevado a cabo cancelaciones masivas. Sólo ha sustituido a los ejecutivos, ministros, viceministros, directores generales. Los que se designan y cancelan por decretos del ejecutivo. Y todas maneras, hay casos de funcionarios muy importantes que ha sido ratificados.
Este proceder cauteloso, prudente, no ha librado al gobierno de críticas duras de parte de sectores afectos al pasado gobierno, que cuentan con recursos suficientes para no preocuparse porque ya no cuenten con el generoso apoyo estatal del cual han disfrutado desde hace veinte años.
Nos queda mucho por ver. Obviamente, habrá oposición poderosa y ruidosa una vez que se sometan a la justicia a quienes no puedan justificar sus ricos patrimonios acumulados solo desde una función pública o de sus vínculos con el poder.
Por eso es necesario que el actual gobierno fortalezca su legitimidad evitando errores que erosionen la base de apoyo social que le permitió ganarse el voto ciudadano y el mandato para gobernar.