Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de de Santiago, Anneli Torres, Sergio Furcal y José De Asís Burgos condenaron a los implicados en la trama de asesinato del abogado Jordi Veras, incluyendo al autor intelectual, el empresario Adriano Román Román.
Ese tribunal, con sus jueces miembros, acaban de rendir un gran servicio a la sociedad dominicana. Es cierto que se trata de una condena en primer grado y que faltan muchos escalones judiciales más, para que la sentencia se convierta en lo que se llama jurídicamente “la cosa irremediablemente juzgada”.
Sin embargo, no todos los jueces están vendidos o pueden ser comprados. No todos los jueces pueden ser víctimas del chantaje y la extorsión o pueden ser amedrentados para que juzguen en una determinada dirección, para que puedan protegerse ellos y sus familias, porque el brazo del crimen es largo y no tiene piedad.
Está probado y más que confirmado que los condenados formaban una red de crímenes por paga, y que el autor intelectual, también condenado, fue quien organizó desde la cárcel el atentado contra Jordi Veras, lo financió y se quejó cuando el asesinado no pudo ser completado, sino que hirió al abogado y le dejó con lesiones permanentes.
Los testimonios dejados por los testigos y por uno de los organizadores del atentado no dejan lugar a dudas. Todo criminal debe ser aparatado de la sociedad para que no siga haciendo daño. Pero se demuestra que aún encerrado en la cárcel el criminal tiene recursos para mandar a matar. Y es lo que ocurrió con Adriano Román y con el abogado Jordi Veras.
Lo grave de esto es que Jordi Veras como abogado ejercía una labor. El atentado en su contra se produjo por haber defendido a Miguelina Llaverías y por haber tenido ganancia de causa contra Adriano Román. Todo abogado que conozca de esta patraña debe condenar esta forma de agredir a los abogados que tienen éxito en los tribunales. Si algún abogado colabora con este tipo de crimen debe ser pasible de sanciones drásticas, de condena social y ética por el Colegio de Abogados y hasta de sanciones penales.
Lo otro es que, insistimos, hay que arrancar de las manos de Adriano Román la administración de las finanzas que corresponde a su familia. El Consejo de Familia que ordena la ley debe actuar ya, para quitar que este doblemente condenado por crímenes siga distribuyendo entre criminales un patrimonio que debe tener mejor suerte que la de pagar a sicarios para que quiten del medio a las personas con las cuales Adriano Román no se lleva o le disgustan.
Bien por los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago. Bien por la Procuraduría General de la República, por la Fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, bien por la familia de Jordi Veras, por Negro Veras, por sus abogados, encabezados por José Lorenzo Fermín, y bien por la sociedad de Santiago, y de la comunidad nacional, que se expresaron en apoyo a una sanción ejemplar para los acusados de este horrible crimen.