Juan Bolivar Díaz, embajador dominicano en España y periodista de larga y honrosa trayectoria, acaba de hacer una propuesta para destrabar la aprobación del Código Penal, variando algunos aspectos sobre las tres causales.
Le damos la bienvenida a la propuesta de Juan Bolívar Díaz, porque se trata de un esfuerzo distinto para conseguir un consenso sobre un tema que divide y crea malquerencias. Juan Bolívar Díaz apoya las tres causales y lo ha escrito en varias ocasiones. Nos está observando desde fuera, desde Europa, con la ventaja de que es un gran conocedor de la sociedad dominicana y los amarres que generalmente se arman sobre temas delicados.
Juan ha hecho un llamado al poder político, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien simpatiza con las tres causales, a los legisladores de los principales partidos políticos, que tienen posiciones divergentes a las de sus partidos, a las jerarquías religiosas que son radicalmente opuestas a las causales para la interrupción del embarazo, y a las mujeres y sus organizaciones, que simpatizan y demandan el derecho a decidir, además de los medios de comunicación.
Nadie había osado lanzar una propuesta de mediación sobre este asunto.
La radicalización es la norma que se ha impuesto en este tema.
Cualquier metodología democrática para reflexionar y buscar algún acuerdo ha sido rechazada por las partes. Los que simpatizamos con las causales decimos que es un derecho ganado por las mujeres y por la sociedad y que es una manera de salvar vidas. Y los que rechazan las causales las califican como un permiso para el aborto y para la muerte. Nadie ha propuesto una salida dialogada. Por eso es tan plausible que Juan Bolívar, desde España, lo haya hecho.
Con argumentos sobre la reforma fiscal que tendríamos que discutir y consensuar, y la posible de lograrla, Juan ha dicho que debemos desarrollar la capacidad de ponernos de acuerdo sobre un tema que no reclama acciones particulares de ninguna de las partes. Su propuesta consiste en lo siguiente:
Vistas las consideraciones anteriores, y las objeciones de todos conocidas, me permito proponer que se incluyan las tres excepciones a la penalización de la interrupción del aborto en el Código Penal bajo las siguientes condiciones:
1.- Compromiso del gobierno y los legisladores de no favorecer la extensión de la despenalización bajo otras circunstancias.
2.- Que sólo se pueda interrumpir un embarazo antes de doce semanas de la concepción.
3.- Que en cada hospital y clínica se establezca un comité de tres médicos, o de bioética, encabezados por el director del centro, que determine la procedencia de la interrupción en el tiempo y la autorice cuando se compruebe clínicamente que corra peligro la vida de la madre o que el ser en gestación sea inviable. También cuando haya constancia legal de que el embarazo, fruto de violación o incesto, haya sido previamente denunciado ante la autoridad correspondiente.
4.- Que el gobierno se comprometa a establecer en cada centro de salud un cartel contentivo del principio del valor de la vida humana desde la concepción.
Nuestro deseo es que los líderes convocados por el autor de la propuesta escuchen, pongan atención, evalúen, y que el gobierno del presidente Luis Abinader tome nota y asuma la iniciativa de dialogar con los sectores involucrados, antes de que la comisión especial del Senado pueda rendir un informe, o que se utilice algún mecanismo antidemocrático y oportunista y se apruebe el Código sin las causales, como han estado planeando las iglesias.
El movimiento de mujeres tiene la demanda, contenida hasta ahora mientras se aprueban las tres causales, de exigir la despenalización completa del aborto. Así ha ocurrido en otros países, y recientemente Argentina y Chile han aprobado legislaciones de despenalización.
La sociedad civil estaría cediendo en no demandar por ahora ¿cuánto tiempo? la despenalización total del aborto. El período que se propone para la interrupción de un embarazo es hasta las 12 semanas. Muchos países lo tienen hasta las 14 semanas y los hay que lo permiten hasta las 23 semanas. Sería otra forma de ceder de parte del movimiento por las tres causales.
Y se propone la creación de un Comité Médico que decida la procedencia o no de la interrupción de un embarazo. Es una idea que había propuesto el gobierno anterior para ser incluido en el Código Penal, especialmente en los casos en que la vida de la madre está en peligro o cuando se trate de una violación o incesto denunciado previamente a la autoridad.
Y la última parte es que el gobierno despliegue publicidad en los hospitales sobre el valor de la vida.
Ante la ausencia de diálogo, y ante la evidente incapacidad de los sectores para buscar una solución a este complicado conflicto, prometido en el programa de gobierno del PRM como una reivindicación justa de las mujeres, ojalá que los líderes religiosos accedan a un diálogo en que no sigan creyendo que son los dueños de la verdad. Hay muchas otras verdades al margen de las que tienen los que promueven la fe.