No podemos olvidarlo: Despedimos el 2019 con tres feminicidios horrorosos, que nos dejaron la sensación de frustración e invalidez de todas las políticas que se han puesto en marcha para proteger a las mujeres. En todo el año 2019 murieron 80 mujeres a causa de los feminicidios. Fue una despedida de año dolorosa, sangrante y casi maldiciente.
Comenzamos el 2020 con nuevos crímenes contra las mujeres. Y no podíamos creerlo, pues parecía que rayos y centellas caían sobre la sociedad dominicana por las precarias acciones puesta en marcha para educar a los hombres sobre el respeto a las mujeres.
Educar. Esa era la palabra precisa en este caso de acciones preventivas. Los Ministerios de la Mujer, Defensa, Educación, Cultura, Salud, y la Procuraduría General de la República, Policía Nacional y Presidencia de la República, estaban llamadas a tomar acciones. Algo se intentó y no se pudo. Total, se podría argumentar: somos un país donde no es posible tener educación sexual integral en las escuelas, tampoco sería posible educar a los hombres para enterrar de una vez por todas la violencia machista.
Y la educación no es que ande como fuera deseable, en un país que dedica el 4 por ciento del PIB a ese renglón de las políticas sociales. Dos pruebas PISA nos han dicho que la calidad de la educación no es buena, que los resultados de la labor educativa son precarios, que nuestros estudiantes tienen bajos conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura comprensiva.
Estamos en un país donde el jefe del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, que tiene la responsabilidad legal de conducir la política preventiva de la violencia de género, solo atina a hacer un llamado a la ciudadanía para reducir la violencia machista, ante los hechos desconcertantes de tragedias que han dado como resultado más de ocho mujeres asesinadas en unas cuantas horas del final del año 2019 e inicios del 2020.
Para hacer frente a estas debilidades necesitamos liderazgos con vocación de servicio y convicciones. Personas que comprendan su rol y estén dispuestas a poner en ejecución políticas públicas preventivas, que salven a las mujeres.
¿Recuerdan que el Ministerio Público ha recibido 60 millones de dólares de la multa de 184 millones a Odebrecht por el pago de sobornos en la República Dominicana? ¿A qué dedicó ese dinero? Han dicho que a la construcción de cárceles. Cuando el Ministerio Público lanzó en 2017 la política preventiva de violencia de género preguntamos ¿dónde está el dinero para el programa? Nunca hubo recursos, solo palabras, para calmar la presión que la sociedad tenía para detener la ola de crímenes machistas que entonces nos afectaba, y que ahora sigue con mayor intensidad.
Hay que agradecer las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien ha ofrecido una versión más humana sobre el tema de los feminicidios y la violencia de género. Y sobre lo que debe hacer el sistema de justicia para contribuir a la reducción. Estas fueron algunas de sus palabras:
La protección en igualdad ante la ley/ demanda especial sensibilidad hacia quienes hoy son más vulnerables./ En ese ámbito, la forma en que la violencia contra las mujeres se ha expresado en nuestro país constituye un dolor y una gran vergüenza/ que debe llamarnos a la reflexión y sobre todo a la acción./ Si bien la solución integral del problema no está en nuestras manos,/ el sistema de justicia no puede amparar ninguna forma de violencia contra las mujeres./ Es nuestra tarea asegurar que una mujer que haya sido víctima de violencia de género/ encuentre en la justicia un espacio digno,/ protegido y sensible frente a su sufrimiento./ Un espacio/ en el que se responda con la premura y el cuidado necesarios/ para evitar que el procedimiento se convierta en un calvario de revictimización.
No olvidemos que una mujer asesinada va al cementerio, no a un tribunal a reclamar justicia. Y en ese sentido el Ministerio Público no ha actuado con presteza ante las denuncias de acuerdos prohijados por los fiscales con mujeres víctimas de violencia e intentos de asesinatos.
Nuestra petición es que el Estado asuma su compromiso, y que se articule una política global del conjunto de instituciones públicas, dirigida a reducir el número de víctimas mortales cada año por violencia de género. Ese esfuerzo podría ser coordinado por el Ministerio de la Mujer, con el apoyo logístico del Ministerio de la Presidencia. Tal vez funciona. Algo hay que hacer. No podemos seguir siendo indiferentes.