Nos toca mirar con preocupación la institucionalidad política en Haití. Además de nuestros vecinos, por compartir una misma isla, a diario haitianos están cruzando la frontera, estableciendo negocios y compartiendo desafíos con los dominicanos. Si el Estado haitiano funcionara eficientemente no habría problemas, el intercambio de los dos países sería de mutuo beneficio.
Sin embargo, el Estado haitiano no funciona y genera más problemas que soluciones. La pobreza crece, la miseria también se expande, como lo hacen la depredación de los recursos naturales, de los bosques y los mares, y la productividad de sus tierras se empequeñece.
Este luces el Congreso haitiano cesó en sus actividades, como consecuencia de que finalizó el período para el que fue electo. El gobierno carece de un primer ministro desde hace 10 meses. En la Constitución haitiana de 1986 se diseñó un modelo de gobierno en que el presidente escoge un primer ministro para que forme gobierno. Ese primer ministro tiene que ser aprobado por el parlamento. Todos los intentos que hubo para aprobar la designación de un primer ministro han fracasado en casi un año.
Al presidente Juvenal Moise ha pasado por momentos amargos desde su elección en noviembre de 2016. Ningún presidente haitiano puede hacer nada sin un primer ministro. Los presidentes en Haití son decorativos, mientras que los primeros ministros son en realidad los ejecutivos. Moise ha intentado realizar una gestión gubernamental y no ha podido. Recientemente le han reclamado su renuncia. Docenas de personas han muerto en las protestas.
Los primeros ministros de Moise han sido efímeros. El primero fue Enex Jean-Charles (2017), luego llegó Jack Lafontant (2017-2018), y más adelante fue aprobados Jean-Henry Céant (2018-2019), Jean-Michel Lapin (2019) y finalmente Fritz-William Michel (2019-). Las fracciones políticas no permiten al gobierno tener estabilidad. Y cada vez es peor para Haití levantarse y consolidar un régimen que tome decisiones, con un gobierno que ofrezca garantías a la comunidad internacional.
Las fuerzas militares de Naciones Unidas se retiraron de Haití en 2019. Las protestas durante casi todo el año 2019 han representado imposibilidad para realizar elecciones, aprobar a un primer ministro de consenso, o finalmente hacer lo que el presidente Moise ha dicho que hace falta: modificar la Constitución haitiana para variar el régimen parlamentario por uno presidencialista, que permita al presidente gobernar el país sin los obstáculos que impone un parlamento díscolo, dividido y sin capacidad para realizar pactos políticos.
La comunidad internacional, que a partir del terremoto del 2010 asumió compromisos para ayudar a ese país a levantarse de la tragedia, terminó retirándose sin siquiera completar la ayuda económica prometida. República Dominicana ha utilizado los organismos multilaterales para conseguir un consenso, por ejemplo en Naciones Unidas, para brindar apoyo a Haití, pero Estados Unidos y China presentan serios obstáculos a esos propósitos. Por razones de geopolítica y porque requieren garantías de que habrá cambios internos, al parecer todo el mundo perdió la confianza y han dejado Haití que resuelva sus diferencias sin involucrarse en los temas que tienen que ver con su soberanía, como cambiar la Constitución o elegir primer ministro.
El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana dijo hace poco que Haití representa un riesgo para la seguridad regional. De continuar la inestabilidad, y en caso de que el gobierno permita que siga disminuyendo su PIB por falta de inversión y de producción, habría una hambruna catastrófica en Haití, y esto terminaría afectando la frontera, y hasta el territorio dominicano. Lo primero es evitar la tragedia. Todos los países tienen problemas y los políticos no están obligados a pactar, pero hay leyes que funcionan y permiten la convivencia. En Haití no es existe esa posibilidad. Haití es la excepción. Venezuela va por ese camino, pero por razones diferentes y una quiebra de su institucionalidad electoral.
República Dominicana debe reforzar las iniciativas para que la comunidad internacional, y en particular Naciones Unidas y la OEA, asuman la ayuda a Haití, en términos políticos, más decididamente que lo que han hecho hasta ahora.