Este medio ha insistido en la necesidad de que se cumpla con las leyes y disposiciones de transparencia del gobierno del presidente Danilo Medina.
No solamente con la ley 82-79 sobre declaración jurada de bienes, y las modificaciones se aprobaron en el transcurso de los años, sino con los decretos emitidos por el presidente Medina, como el 486-12, que ha sido violado insistentemente por la autoridad responsable de hacer cumplir esta disposición, que además contiene 42 roles diferentes y que han sido y siguen siendo letra muerta para una gran parte de los funcionarios públicos.
Ministros, viceministros, senadores, diputados, directores generales, miembros de la Junta Central Electoral, de la Suprema Corte de Justicia y de los gobiernos municipales declaran lo que les interesa sin que nadie verifique la autenticidad de lo que dicen u omiten en esos documentos.
En realidad ha sido un verdadero relajo con el tema de la transparencia, la ética y las declaraciones juradas de bienes.
El presidente Danilo Medina acaba de emitir la ley 311-14, que instituye un sistema nacional automatizado y uniforme de declaración jurada de bienes y patrimonio de los funcionarios. Y queda bajo la responsabilidad de la Cámara de Cuentas, para verificar con todas las prerrogativas a su disposición, las declaraciones de los funcionarios, incluyendo las de ellos y las de sus cónyuges.
Durante años hemos insistido en esta necesidad, y hemos demostrado las razones para que se verifiquen, porque hay funcionarios que no les importa mentir en los datos que entregan. Pareciera que se sienten impunes y que nadie investigará nada, y dicen lo que les da la gana, y de ese modo mienten abiertamente, evaden impuestos, roban al ERstado, hacen negocios fuera de la fiscalizad y se burlan de la sociedad en su conjunto.
Quien mienta en su declaración patrimonial tendrá cárcel de hasta dos años y sanciones económicas. Es bueno que estas medidas se tomen y se pongan en marcha, para evitar el despilfarro que existe con los recursos públicos. Los fondos del Estado han ido a parar a manos particulares. Los funcionarios se sirven con la cuchara grande y no rinden cuenta. Buscarán la forma de relajar la nueva legislación, pero como el encargo está quedando en manos de la Cámara de Cuentas, habrá que estimular a esta andina y noble entidad que cumpla al pie de la letra con el mandato de la ley 311-14.
Los últimos editoriales de Acento que han abordado este tema son los siguientes
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Danilo Medina y el cumplimiento de la Ley 82-79
Las informaciones financieras de los funcionarios públicos
Nuestra esperanza es que a partir de esta nueva normativa otro sea el comportamiento de las autoridades responsables de fiscalizar las finanzas de los funcionarios públicos, y que la ciudadanía se empodere para dar seguimiento al cumplimiento de esta disposición.