El 1 de diciembre de 2016, dentro de dos semanas, todo funcionario público que no haya entregado el 30 de noviembre su declaración jurada de bienes quedará fuera de la nómina pública.
Ese mensaje lo transmitió el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, diciendo que había recibido instrucciones del presidente de la República, Danilo Medina, en ese sentido.
Muy bien por el presidente Medina, que luego de recibir la información sobre la gravedad del incumplimiento de la ley, ha tomado la disposición de no pagar los salarios de los incumplidores. Quedarán fuera de nómina, ha dicho Gustavo Montalvo.
El 16 de agosto pasado hubo cambio de autoridades en los poderes del Estado, como resultado de las elecciones de mayo.
Designado el gabinete presidencial, instalados los gobiernos locales y el Congreso Nacional, los nuevos funcionarios tenían un mes para hacer sus declaraciones juradas de bienes y entregarlas a la Cámara de Cuentas.
Es una disposición legal, que rige para todo funcionario del Estado que tiene responsabilidad en la administración de fondos públicos.
Sin embargo, contado al 4 de noviembre, apenas el 9% de los funcionarios públicos había entregado su declaración jurada. Solo un 5% entregó el documento en el plazo de un mes que le otorga la ley. El restante 91% no ha cumplido con la disposición.
En la República Dominicana existe una ley, aprobada en 1984, que rige especialmente para los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley. Es decir, en el caso de los funcionarios públicos, cuando incumplen la ley hay sanciones directas y graves. Tienen que ser ejemplo en el cumplimiento de la ley.
Paradójicamente ahora tenemos 4,727 funcionarios instalados el 16 de agosto pasado, que debieron entregar una declaración jurada de bienes y que no lo han hecho. Una vergüenza para el gobierno, para las instituciones del Estado y para los partidos políticos que postulan candidatos que no están interesados en cumplir la ley.
El gobierno es quien designa una gran parte de los funcionarios públicos, y es quien administra el presupuesto. Esperemos que se cumpla con la disposición administrativa de excluir de la nómina pública a quienes no declaren sus bienes.
Otro compromiso debe quedar: que la Cámara de Cuentas reciba las declaraciones juradas y realice una pesquisa para determinar la veracidad de los datos que allí se colocan, porque muchas de las informaciones que allí se colocan parecen poco objetivas. Por ejemplo, que esa pesquisa incluya la colaboración de la Dirección General de Impuestos Internos, para determinar si los bienes que allí se declaran han pagado los impuestos correspondientes.
Ojalá sea posible, tomando en cuenta la disposición expresada por el director de la DGII, Magín Díaz, de cobrar a todo el mundo los impuestos que manda la ley.