La decisión del gobierno de reunir, ante una situación de emergencia, a los periodistas a su servicio para pasarles argumentos que divulguen y con ello “orienten” a la sociedad sobre el propósito del gobierno de darle una oportunidad al sur del país, con un desarrollo turístico para Bahía de las Aguilas, pone en evidencia la debilidad del gobierno.
Tan pronto el país se enteró del despropósito de repartir Bahía de las Aguilas, con el argumento de que se entregaría el 45% del resultado de la venta a quienes se autoincriminaron elaborando títulos falsos, y reiteradamente vendieron y revendieron en el aire, en falso, en un intento por ocultar la irregularidad, la indignación brotó en forma natural.
Lo que ha habido son reacciones normales a una decisión oscura y desleal del gobierno. Los tres ministros que han aparecido defendiendo la decisión no pueden ocultar el terrible encargo que les hicieron, al defender con argumentos pocos creíbles una decisión que fue tomada, firmada y aparentemente transada por el propio presidente de la República, Danilo Medina.
No era necesario contratar una jauría con megáfonos para sepultar las voces críticas. Sólo con pensar un poquito la decisión del gobierno se evitaban una inversión y un desagrado mayúsculo. César Pina Toribio, Bauta Rojas y Francisco Javier García hicieron un gran esfuerzo para parecer convincentes. El ministro de turismo fue más patético que los demás, al decir un solo metro no sería afectado en Bahía de las Aguilas.
El cuadro de los medios de comunicación del país luce enrarecido. Nos encontramos en un escenario parecido al del gobierno de Alberto Fujimori en Perú, con Vladimiro Montesinos dando órdenes y chantajeando medios de comunicación. O parecido al que se ha creado en Argentina, con Cristina Fernández en un conflicto obsceno con los grandes diarios. O el de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha insuflado, vía la oficina de su esposa, una diatriba difamatoria contra los medios de comunicación que dejan sentir cierta criticidad. O el drama que viven muchos medios de comunicación en Venezuela, con un gobierno muy sensible a las críticas.
Cualquier periodista, empresario de la comunicación o articulista que se atreva a criticar decisiones gubernamentales tendrá sobre sí una andanada de improperios y sandeces, solamente posible en un escenario de intolerancia. Como cuando los principales articulistas del país, en medio del proceso electoral, fueron objeto de labores de inteligencia y persecución, y cuando algunos osaron reunirse con uno de los candidatos fueron denunciados como conspiradores, utilizando como denunciantes precisamente a personas del oficialismo vinculadas a los medios. Para que todo se quede como un chisme entre periodistas.
Se trata de un ejercicio libre y democrático, que el país tiene que sostener, sin importar el costo que ello implique. La democracia es el mejor y más plural de los sistemas políticos porque se alimenta de la confrontación y nunca de la adhesión a lo que diga el que manda.
Muchos periodistas han sido y siguen siendo víctimas de la persecución oficial. Es un esquema que existe, montado desde el Palacio Nacional, con labor de inteligencia para controlar sus actuaciones, bloquear proyectos, desmoralizarlos e incluso, impedir que puedan tener mayor presencia en los medios que la que ya tienen. El algunos casos tienen éxitos y en otros no.
La reunión del domingo, en el Palacio Nacional, más que un encuentro para debatir o producir ideas de bienestar para el país, utilizando los medios de comunicación, pareció un aquelarre vergonzoso. Poco digno de una labor comunicativa oficial. Era un encuentro de unos funcionarios cercados, con pocos argumentos, y un público dispuesto a hacer lo que le manden, porque de eso viven y a esa extraña actividad se dedican.