La sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, bajo la presidencia de Gisselle Méndez, decidió condenar a casi la totalidad de los implicados en el caso por lavado de activos y por vínculos con el narcotraficante puertorriqueño José David Figueroa Agosto.

Una sentencia bien documentada, con muchos elementos para ser analizados en las 591 páginas que tiene el documento en el que se resume toda la actividad procesal del caso. La única persona descargada fue Adolfina Peláez Frappier, imputada por complicidad por el Ministerio Público, pero que el tribunal encontró pocas o débiles las pruebas para condenarla.

Los demás implicados que recibieron penas menos fueron Sobeida Morel F[elix y Madeline Bernal. La última fue esposa del asesinado coronel José Amado González y González, asesinado el 24 de diciembre del 2010, e hijastra del propietario de La Francesa, Rubén Soto Hayet, también asesinado por una mafia que la Policía atribuyó estar encabezada por Figueroa Agosto. Bernal resultó herida cuando asesinaron a su esposo. Tenía una relación consensual con Figueroa Agosto y se benefició de algunas de las actividades del capo. Fue condenada a 5 años de prisión.

Sobeida Morel Félix, es probablemente la más conspicua de las implicadas. Recibió inicialmente libertad condicional bajo fianza, y se fugó del país, probablemente con la ayuda de alguien con poder. Su búsqueda y captura fue un verdadero espectáculo, hasta el punto de convertirse en una especie de heroína popular del narcotráfico. Sus hazañas fueron contadas de múltiples formas y su atractivo físico hizo de ella una estrella. Fue traída al país mediante un acuerdo con las autoridades de Puerto Rico, y tan pronto llegó hizo un pacto con el Ministerio Público. Ese pacto explica las razones por las que solamente se solicitó 5 años de prisión.

Los demás implicados recibieron penas mayores. Eddy Brito, ex esposo de Sobeida, 12 años de reclusión mayor. Sobre este personaje hay muchas historias, y en particular las autoridades de Estados Unidos lo tienen en investigación de ser supuestamente el segundo hombre en la organización criminal de Figueroa Agosto.

Las penas de 15 años las recibieron los que actuaron como soportes financieros de Figueroa Agosto: Mary Peláez Frappier, Ivanovich Smester, Juan José Fernández Ibarra y Sammy Dauhajre, según el dictamen por lavado de activos.

El Ministerio Público está satisfecho con la decisión, salvo por la exculpación de Adolfina Peláez. Los condenados están irritados y con sus abogados consideran la decisión irracional, asquerosa y fuera de toda lógica jurídica, supuestamente porque se contradice. Una magistrada, Juli Tamariz, emitió votos disidentes, porque valoró como inconstitucional el dictamen sobre Sobeida Morel Félix, quien según su parecer debió ser condenada a 15 años de prisión, en tanto que Adolfina a 5 años, porque las imputaciones les fueron probadas.

Los pareceres ahora comienzan a ampliarse. Hay quienes comparan esta sentencia con las que condenaron a los ejecutivos bancarios en el 2010, y dicen que el daño que esos banqueros provocaron al país resultaron peores que los daños de estos condenados, y estas penas son mayores que aquellas.

Otras críticas indican que no están todos los culpables. Que hubo funcionarios públicos que debieron ser interrogados e imputados, que los ahora sentenciados son chivos expiatorios, que los verdaderos culpables por complicidad, tráfico de drogas, asesinados y otros delitos son personajes del ámbito político. Y habrá muchas más críticas.

Esta sentencia juzgó a los implicados por el Ministerio Público. Fue precisamente el Ministerio Público el que no quiso indagar más, ni buscar los nombres de los que dieron un carnet del DNI a Figueroa Agosto, ni los que facilitaron su fuga, ni los que facilitaron la fuga de Sobeida, ni los que se quedaron con varios millones de dólares de los que fueron descubiertos en un vehículo, entre muchas otras menciones arriesgadas. El tribunal estaba obligado a juzgar el expediente criminal que fue elaborado por el Ministerio Público.

En ese sentido se trata de una sentencia polémica, pero que hace justicia. Mucha gente quiere que la justicia haga más de lo que se le pide, y no puede ser así. Cuando el país avance un poco más, y la impunidad a gran escala no sea una institución tan sólida, tan bien establecida, tan fuertemente afincada, que hasta cuenta con el soporte del Ministerio Público, entonces podrá pedirse más a los tribunales. Ahora no.