Editorial

Una encrucijada económica del gobierno


En el 2014 el gobierno del presidente Danilo Medina necesitará 4,262.6 millones de dólares, el 6.9% del Producto Interno Bruto, como nuevos préstamos para poder amortizar la deuda interna y externa, que ha crecido vertiginosamente en los últimos dos años.

El gobierno del presidente Medina también necesitará recursos para financiar el déficit presupuestario del 2014, estimado en 77,709 millones de pesos, equivalentes a 1,750 millones de dólares, lo que representa un 2.8% del Producto Interno Bruto.

Durante el 2014 el gobierno del presidente Medina tendrá que pagar intereses por 71,465 millones de pesos, lo que equivale al 92% del financiamiento neto de ese año.

En un trabajo aparecido en la revista La Lupa, del periodista Edwin Ruiz, dice que esto significa que casi la totalidad del nuevo incremento en el saldo de deuda pública será destinado a pagar intereses, lo que quiere decir que los fondos que debe buscar en el exterior el gobierno no serán utilizados en obras de infraestructura ni en fomento de la producción, sino en pago de intereses. Esto es, tomar prestado para pagar intereses de deudas.

De acuerdo con el presupuesto nacional del 2014, en ese año la ciudadanía pagará impuestos por 401 millones de pesos. El servicio de la deuda, que incluye amortizaciones e intereses, asciende a 167 mil millones. Esto es que de cada peso que se pague de impuestos, el gobierno tendrá que destinar 42 centavos a cubrir sus obligaciones internacionales.

Lo otro que quede deberá destinarse a educación y salud (168 mil millones de pesos), al subsidio eléctrico (43 mil millones de pesos). Al final no le quedará nada para las demás áreas, lo que representa una quiebra del gobierno. El economista Miguel Ceara Hatton la llama “insostenibilidad fiscal”.

Eso pone a pensar a cualquiera. Qué le queda al gobierno: reducir gastos, lo que no se ha sentido, o aumentar otra vez los impuestos, lo que puede ser más que previsible. Hay mucha precariedad en áreas como la justicia o los servicios sociales o de seguridad.

Es un caso patético, que requiere decisiones del Poder Ejecutivo para reducir el enorme superfluo gubernamental, que normalmente paga el clientelismo político:

 

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