La disposición administrativa de la Dirección General de Aduanas, que solicitó al presidente de la República, Danilo Medina la modificación del artículo 4 del decreto No. 402-05, el cual establecía que las mercancías exentas del pago de derechos e impuestos, son aquellas cuyo valor individual sea igual o inferior a un valor FOB de US$200.00, es una medida odiosa, que le hará un gravísimo daño a la cultivada imagen del gobierno y del presidente de la República.
Se desconoce el monto que el gobierno recaudará con esta disposición, pero estamos seguro de que se trata de una porción insignificante de recursos, debido a que las compras por Internet por encima de los 200 dólares están gravadas como parte de un acuerdo de más largo alcance del gobierno dominicano con el gobierno de los Estados Unidos. Los sectores más afectados son los de clases medias, que hasta el momento han tenido una vía de escape a la compra de algunos productos, que han permitido el establecimiento de nuevas empresas de curriers en la República Dominicana.
Hay sectores comerciales interesados en eliminar esa exención, porque entienden que es una manera de tener más cautiva la clientela usuaria de productos y servicios en la República Dominicana. Un cable de conexión de un Iphone que en Estados Unidos es posible comprarlo en 10 dólares las tiendas dominicanas lo venden a 1,480 pesos. La lista de productores abusivamente caros, a más que sobreprecios es abundante y no hay que repetirla. Una forma de equilibrar en los precios de los productos es comprando a través de Internet, y esto el gobierno debería tomarlo en cuenta como un apoyo a la gestión de proteger a la ciudadanía del abuso de muchos comerciantes.
Negarse a que los ciudadanos compren por Internet es colocar una muralla contra los ciudadanos de la República Dominicana. Simbólicamente es sintomático que la medida comience a ejecutarse en el segundo aniversario del gobierno del presidente Danilo Medina. El mismo presidente que cuando se presentó la propuesta de reforma fiscal rechazó este impuesto, argumentando que era una conquista que no se podía quitar a los ciudadanos dominicanos.
El país firmó el DR-CAFTA con los Estados Unidos y existe una disposición en ese acuerdo que defiende la compra de los dominicanos por Internet sin que se pueda grabar las compras por debajo de los 200 dólares. El afán fiscalista de la Dirección General de Aduanas es una gravísima distorsión, pues no tiene calidad ni facultad para disponer administrativamente cobro de impuestos como en este caso. Tiene que mostrar el decreto del presidente que modifica el articulo 4 del decreto 402-05, y hasta el momento nadie conoce ese decreto de Danilo Medina.
¿Dónde queda la lucha contra la brecha digital? ¿Hacia qué galaxia se fue la modernidad de un gobierno que ha declarado su deseo de ser también tecnológico y que ha ordenado a todas las instancias públicas tener páginas de internet y disponer de informaciones para el público? ¿Qué sentido tiene que los contribuyentes dominicanos paguemos un 30% de impuestos a las telecomunicaciones y que al mismo tiempo el gobierno cierre una de las vías de incentivo del uso de Internet en la República Dominicana?