La decisión sobre el caso Atiemar, adoptada por la jueza Awilda Reyes Beltré, no podría ser más funesta para la sociedad dominicana.
La magistrada de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, decidió reconocer los derechos de la empresa de Arturo del Tiempo Marqués, llamado Prado Universal, sobre la propiedad del inmueble Torre Atiemar, para reclamar la diferencia de dinero entre el monto que debía cobrarse el Banco de Reservas, que había prestado 13 millones de dólares, y el saldo final de venta.
El dinero de la diferencia debía ser entregado a la Fiscalía del Distrito Nacional. Pero no, la magistrada Awilda Reyes Beltré decidió contra los intereses de la Fiscalía del Distrito Nacional, de la Procuraduría General de la República, del Banco de Reservas y del Ministerio de Hacienda.
La decisión incluye la devolución de 20.8 millones de dólares a la empresa gestora de Atiemar, más una condena como astreinte de un millón de pesos por cada día de retardo en la ejecución de la decisión.
El argumento de la sentencia a favor de Arturo de Tiempo es de que existe en la República Dominicana “libre empresa”, y que por tanto el narcotraficante español, en prisión en Barcelona, responsable de introducir desde República Dominicana 135 kilos de cocaína, estaba realizando un negocio lícito de carácter inmobiliario.
La sentencia también va contra la magistrada Yenni Berenice Reynoso, contra el Procurador Francisco Domínguez Brito y contra la administración del Banco de Reservas, Enrique Ramirez, así como contra el Ministro de Hacienda, Simón Lizardo.
En marzo del 2011 el Banco de Reservas obtuvo una sentencia para que le fuera levantado el embargo judicial que pesada contra la Torre Atiemar, de 36 apartamentos, para poder recuperar el dinero invertido.
La garantía para el Banco de Reservas era la torre, en su totalidad. Si con esta sentencia se cuestiona la capacidad del Banco de Reservas (y de paso de las instituciones financieras) sobre los bienes en garantía, estamos ante un serio, muy serio problema para el sistema de pagos en la República Dominicana.
Esta decisión de la magistrada Awilda Reyes Beltré tiene que ser sometida a un escrutinio cuidadoso por el estamento judicial, en primer lugar, y por el conjunto de la sociedad. Se está favoreciendo a un reconocido narcotraficante, condenado en España, y fuertemente protegido en la República Dominicana, donde consiguió engatusar hasta al propio presidente de la República, Leonel Fernández, cuando incautamente atendió a una invitación para el primer picazo de la construcción de la torre Atiemar.
Algo anda mal en este país.