Se mantiene viva la tradición oficial dominicana de crear comisiones para proponer soluciones de problemas que corresponde atender a los que son designados en las comisiones.
De alguna manera, se trata de un reconocimiento de que el problema existe, que es muy serio, y que las instancias oficiales responsables no tienen solución a mano, o carecen de recursos.
El gobierno ha creado varias comisiones recientemente. Una para analizar los resultados del RD-CAFTA y cómo aprovecharlo mejor. Hemos perdido mucho tiempo porque las instancias oficiales, responsables de poner en marcha esos acuerdos, y sacar ventajas, no han hecho lo que debían hacer.
Otra comisión creada esta semana es la que tiene por objetivo presentar propuestas de solución al problema de la seguridad vial. En esta hay muchas telas por donde cortar. En primer lugar ¿para qué existe el asesor en transporte del poder ejecutivo? ¿Para qué existe en asesor en salud del Poder Ejecutivo? ¿Para qué existe el asesor policial del Poder Ejecutivo?
Las mismas preguntas podríamos formularlas sobre los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Hay mucha gente designada para asesor al gobierno que no cumple con su rol, o que no es tomada en cuenta, pese a que existe para ellos un salario, un vehículo, incluso un despacho en el Palacio Nacional o en alguna dependencia del Estado. Esas personas trafican influencia, entorpecen el trabajo de quienes trabajan, y nadie les pide cuenta ni rinden cuenta sobre lo que hacen.
El presidente de la República tiene asesores en todas las ramas. El aviación civil, en habichuelas, en asuntos agropecuario, en asuntos financieros, en política exterior, en materia porcina, en medicamentos, en tecnología, en agua potable y saneamiento, en asuntos hípicos, en asuntos hidráulicos, en lucha contra el narcotráfico, en industria, en geología, minería y asuntos petrolíferos, en odontología, entre muchos otros asuntos que probablemente el presidente no llega a atender en un período tan corto como ocho años de mandato.
Claro que el presidente necesita a esos asesores. Se entiende que hacen un trabajo y que tal vez hasta llegan a realizar informes por escrito para el presidente de la República sobre los encargos que le hacen. Nunca hemos sabido de un tema de interés nacional que se haya resuelto por la recomendación de algún asesor. Tal vez el asesor menos costoso que ha tenido el Estado ha sido el intelectual francés Jacques Attalí, quien fue contratado por el doctor Leonel Fernández para redactar un informe con recomendaciones para el Estado dominicano. Cobró un millón de dólares, se le proporcionó información y un grupo de intelectuales y empresarios dominicanos le apoyó en su labor. y rindió su informe que es fuente de consulta frecuente para atender asuntos de Estado.
Así como la cuestión de la seguridad ciudadana requirió que se creara una comisión para fortalecerla, y nunca sirvió para nada, ahora el presidente ha creado una comisión presidencial para la seguridad vial.
Mediante el decreto 263-16, el presidente Medina ha pedido a esa comisión buscar soluciones integrales al problema de los accidentes de tránsito en el país, incluyendo a las motocicletas.
Se esperan sus recomendaciones en dos meses. La integran el ministro de Obras Públicas, quien la preside, la ministra de Salud, el director de Impuestos Internos, el director de la Policía Nacional, el director de la AMET, el Ministerio de Interior y Policía, el Procurador, el Ministro de Educación, el director de la OTTT, el secretario de la LMD y un representante de la Federación de Municipios. Un exceso. Mucha gente.
Se han realizado muchos estudios sobre el tema, algunos contratados por el propio gobierno. Salud Pública tiene información sobre el costo de la atención por accidentes y los efectos de las lesiones en accidentes. La Policía conoce los lugares de mayor cantidad de accidentes, por fallas en el diseño de las vías o por falta de señales. El Ministerio de Obras Públicas sabe también lo que debe hacer para reducir los accidentes, y la AMET conoce los tipos de violaciones más letales en el tránsito terrestre.
El gobierno es responsable de buscar la solución a un problema que está en manos algunas de las instancias designadas. Pero en este caso, nadie es responsable, aunque Obras Públicas coordine la comisión.
Dando largas en la adopción de políticas públicas no se solucionan problemas como el de la inseguridad vial. El Estado tiene más de 13 instituciones que intervienen en el transporte, que en los servicios que ofrecen se comportan como agresores permanentes de las normas. Observe una guagua de la OMSA en su movimiento por una vía de la capital. La OPRET es la entidad que más dinero consume del presupuesto nacional en materia de transporte. Y no está en la comisión. Podría aportar, en especial para establecer rutas alimentadoras y reducir los carritos del concho, otro motivo para que haya más accidentes en las vías públicas. Tampoco está en la comisión el asesor de transporte del poder ejecutivo.