El 9 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción.
Es una disposición de la Organización de las Naciones Unidas. En conmemoración de esa celebración, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana entregó la Flor de Loto, de la lucha por la transparencia y contra la corrupción al magistrado José Alejandro Vargas, actualmente miembro del Tribunal Constitucional, y que en el pasado desempeñó la función de juez de Atención Permanente del sistema judicial en el Distrito Nacional.
José Alejandro Vargas es un magistrado digno, honesto, que ha sido promovido por sus valores y por la dignidad que tiene para no responder a intereses particulares, sino a su concepto de libertad, dignidad y atención a las causas que el pueblo puede entender y puede apoyar. El acto de entrega fue un momento para que el magistrado Vargas registrara la grandeza de su labor honesto y dedicara el homenaje a sus hijos, que son abogados.
En conmemoración de la fecha este miércoles concluyó el I Diplomado en Periodismo Ético, patrocinado por el gobierno del presidente Luis Abinader, con la organización de los ministerios de Economía y Planificación, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y el apoyo del Colegio Dominicano de Periodistas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El presidente Luis Abinader estuvo presente y valoró la necesidad de un periodismo ético, de un periodismo independiente, de un periodismo crítico, que se ocupe de señalar las desviaciones, irregularidades y otras flaquezas del gobierno y de la sociedad en su conjunto.
Aunque no con ese motivo, el Ministerio Público ha continuado su labor de perseguir la corrupción y procesar a los responsables de actos de lesivos al interés público. La Procuradora General de la República, Miriam Germán, y los directores de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, e Wilson Camacho, director de Persecución de la Corrupción Administrativa, han dejado claro que no cesarán en su búsqueda de justicia.
El Colectivo de abogados encargado de recuperar el patrimonio público de la República Dominicana, designado por el presidente Luis Abinader, procedió esta semana a presentar una querella civil, en nombre del Estado¿ por daños y perjuicios por la suma de 23 mil millones de pesos, contra todos los implicados en la Operación Antipulpo, que está en su fase final para ser enviado a juicio de fondo por parte del Ministerio Público.
Es un avance que desde ya el Estado comience a presentar demandas civiles para la recuperación de los bienes públicos, contra los imputados penalmente por casos de corrupción. Se trata de un cambio significativo que desde ahora el Estado busque que el daño infringido sea reparado con la recuperación de los bienes adquiridos o guardados por los imputados en casos de corrupción.
Este 9 de diciembre podemos sentirnos satisfechos de la labor que se está haciendo desde el gobierno y desde el Ministerio Público, así como otras instantes públicas y privadas, para dignificar la gestión del Estado y evitar que el dinero público vuelva a ser objetivo del pillaje con patrocinio político, como al parecer ha ocurrido en las pasadas administraciones.