La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó una propuesta de ley que llaman, eufemísticamente, de “Racionalización de Operaciones con el Banco de Reservas”, que busca extender los plazos de vencimiento de compromisos contraídos por instituciones públicas, con el apoyo del Ministerio de Hacienda, de préstamos otorgados a varias entidades estatales en violación a la Ley de Gastos Públicos del 2012.
Eso que se aprobó es una verdadera barbaridad, una violación franca y abierta de todos los procedimientos institucionales. El Ministerio de Obras Públicas, el sector energético y la CDEEE y el INDRHI se endeudaron por 795 millones de dólares y 399 millones de pesos, sin que formaran parte del Presupuesto y Gasto Público del año pasado. Y ahora es cuando lo pasan por el Congreso Nacional.
Los diputados debieron pedir una investigación sobre esos endeudamientos, en vez de aprobarlos. Ya se ejecutaron y ahora forman parte de la deuda pública y la deuda externa dominicana.
Es como si los funcionarios tuvieran la intención de burlarse abiertamente del país, violando la Constitución, la Ley de Gastos Públicos, la Ley de endeudamiento, las leyes y regulaciones bancarias y la norma particular del Banco de Reservas.
Si alguien tiene una explicación razonable, por favor que la presente.
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