La aprobación del presupuesto complementario, por parte del Congreso Nacional, permite algunas reflexiones sobre el respeto a la normativa jurídica e institucional del país, porque resulta una desconsideración a la sociedad que los congresistas aprueben una partidas que saben muy bien que fueron ejecutadas, y que el propósito del gobierno es buscar la legalidad a posteriori.
José Ramón Peralta dijo claramente cuál era el propósito de la presentación de un presupuesto complementario para el 2013. Y si con esa confesión no fuera posible entender lo que está pasando, habría entonces que pedir cuenta a los dirigentes del Congreso sobre el entendimiento que tienen del rol que les toca jugar en un país que quiere y ha decidido ser democrático.
El Congreso aprobó el presupuesto complementario. El 7 de noviembre José Ramón Peralta ofreció estas declaraciones, que suponemos no son el resultado de un error, ni de una falta de perspicacia, sino un amplio sentido de la impunidad:
El presupuesto complementario va –dijo-. “Viola la Constitución si no hacemos el presupuesto complementario, porque son partidas que se han ejecutado y que no estaban en el presupuesto; entonces como no estaban en el presupuesto lo que está haciendo el gobierno es el complementario para que sea aprobada por el Congreso y estén todas las partidas legalmente consignadas, aprobadas”.
Esto tiene que motivar la reflexión sobre lo que realmente estamos haciendo. Una falsedad de país, una caricatura del respeto a la ley. Y así no puede ser.
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