Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, anunció la pasada semana que el Gobierno del presidente Danilo Medina se propone presentar al país y comenzar a ejecutar un plan nacional para reducir el caos que existe en el transporte urbano e interurbano en todo el país, caracterizado por la irresponsabilidad, la violencia, las violaciones a las leyes de tránsito y una altísima tasa de letalidad, una de las más grandes del mundo.
Es urgente que el gobierno lance ese plan. Es necesario hacer frente a la gran irresponsabilidad pública general, de quienes transitan por las vías públicas, violentando todas las normas y poniendo en peligro la vida propia y la ajena. Las tasas de mortalidad por accidentes es una de las más altas del continente. Las discapacidades, mutilaciones y otras consecuencias del manejo irresponsable afectan seriamente a las familias, a las empresas y a miles de familias.
El desorden en que opera el tránsito vehicular es un ambiente propicio para violar lasd leyes, incluso para los atracos, el robo, el crimen organizado, el narcotráfico, y para alejar a los estudiantes de las escuelas y universidades y para alejar a los turistas de los centros de atracción históricos con que cuenta la República Dominicana.
Ojalá que el plan del gobierno contemple la educación vial obligatoria para los conductores, incluyendo a los del transporte público que tienen licencias. Algunos transportistas son verdaderos suicidas y abusan del poder del tamaño de sus autobuses. Y eso va para los del transporte público y para los de los sindicatos de transportistas.
Hay que educar y a la vez tomar medidas drásticas con los violadores de las leyes de tránsito. Que no resulte normal transitar en vía contraria o irrespetar la luz roja de los semáforos.
El gobierno tiene que tomar medidas que puedan ser cumplidas, sin atender a la jerarquía del violador, o su condición económica o social. Los países que han tenido éxito organizando su vialidad urbana e interurbana lo han conseguido porque han tenido agentes especializados, incorruptibles, empoderados y respaldados por las leyes para hacer cumplir el mandato de la ley.
Hay que evitar que personas borrachas o con cierto grado de alcohol consumido conduzcan vehículos. Hay que evitar que los conductores del transporte público, sean de los síndicatos de choferes o del gobierno, tengan luz verde para violar las leyes ante los ojos de los agentes policiales o las autoridades. Hay que evitar que los funcionarios del gobierno, los vehículos oficiales, los agentes policiales en motocicletas, sean los primeros violadores de las leyes, como ocurre en la actualidad. Y que sólo el presidente y la vicepresenta de la República tengan privilegios en sus trayectos.
Un plan breve, de por lo menos seis meses, con consecuencias para los violadores de las leyes, podría dar resultados inmediatos. Pero también hay que establecer más rigores en los organismos responsables de expedición de licencias de conducir, y en particular para los transportistas de vehículos pesados o del transporte de pasajeros.
El gobierno del presidente Danilo Medina podría ser la gran diferencia en la organización del tránsito terrestre, y para ello será necesario que también elimine a los organismos innecesarios que tienen intervención en la organización del tránsito. Hay más de 13 organismos oficiales que tienen responsabilidad en el tránsito urbano e interurbano. También hay que coordinar y aplicar la ley para que los sindicatos del transporte respeten la autoridad pública y colaboren en las políticas de organización vial que se estarían anunciando. Y quien no las apoye que se atenga a las consecuencias. Habrá que transformar el mercado público en que se han convertido los tribunales de tránsito. Y por supuesto habrá que contar con la experiencia que ha acumulado el Sistema Nacional 911 en prevención y organización de la seguridad ciudadana en materia de transporte.
Y que el Gobierno comience lo más pronto posible con este plan.