El país necesita una estrategia de defensa del consumidor que no sea, o por lo menos que no se presente, como adversa en su contenido y en su esencia a la industria nacional interesada en cumplir los parámetros de calidad establecidos por el país.

Una cosa no es contraria a la otra. La defensa del consumidor es una tarea necesaria y vale la pena que los organismos estatales destinados a cumplir esa labor cumplan estrictamente con su deber. Sin embargo, la industria local, interesada en producir mercancías de calidad, tienen absoluto derecho a ser defendidos en su lícito negocio y tienen incluso el derecho  de que Proconsumidor los distinga al separarlos de las demás empresas que no cumplen.

Es lo que ha ocurrido con el caso del salami y otros embutidos dominicanos. Los embutidos locales se exportan al mercado de la región, y particularmente al mercado haitiano. Las principales industrias dominicanas del ramo de los embutidos han realizado inversiones multimillonarias, en por lo menos un caso –el de Induveca- se tiene conocimientos de que recientemente ha invertido más de 100 millones de dólares en ampliar su capacidad y calidad de producción, tomando en cuenta que controla una parte significativa del mercado dominicano y del haitiano, y que exporta hacia otros países de la región.

La labor de Proconsumidor, en la forma en que se ha desarrollado en este caso del salami, ha servido para que los que tienen desperfecto intenten mejorar sus productos, pero al mismo tiempo ha dañado una labor importante en el fortalecimiento de una industria de exportación que no podrá recuperarse en los próximos años.

Ya el mercado haitiano ha sido cerrado, no solamente a los embutidos dominicanos si no que se ampliará hacia otros productos, con una sospecha que se está convirtiendo en viral hacia al conjunto de la producción nacional. ¿Cómo podrá repararse el mal que ha hecho Proconsumidor por no haber especificado cuáles eran las industrias que producían salami de mala calidad?

Ya no será posible. No solo por el mercado haitiano, sino por el mercado dominicano, que ha sido marcado por la sospecha de falta de higiene y de calidad. Las marcas de productos comestibles como los embutidos se sostienen por la confianza en su calidad.

Hemos sostenido que Proconsumidor deberá seguir fortaleciendo sus mecanismos de supervisión, pero a la hora de hacer denuncias como la que acaba de formular la pasada semana tendrá que pensarlo bien, y enfocar sus críticas en los responsables de ofrecer servicios de mala calidad al público.

En este sentido debe haber un protocolo. Una empresa que ofrece productos de mala calidad debe ser notificada, y debe ser multada y sancionada por Proconsumidor, con un tiempo para recuperar la calidad estándar. En caso de no lograrlo, deberá ser sometido judicialmente y clausurada, hasta tanto pueda corregir los mecanismos de producción que afectan su calidad. Sea la materia prima, los equipos, entrenamiento del personal o cualquier otro factor.

Lo que nunca debe ocurrir es que paguen los que tienen calidad, y que han invertido mucho dinero para lograrla, por los que no la tienen, debido a una denuncia generalista e irresponsable. En todos los países del mundo se tiene en cuenta un protocolo para corregir las deficiencias en una determinada línea de producción. Y este es uno de los casos graves en los que deben pagar los que han fallado y deber ser reconocidos los que han actuado correctamente.

La pregunta es hasta cuándo Proconsumidor mantendrá su silencio sobre las empresas que han actuado correctamente y que no deben seguir siendo afectada por esta denuncia generalista. Que lo diga Proconsumidor, como una forma de rectificar su error, y que las empresas locales de embutidos no sigan solas, haciendo un esfuerzo en el que pocos creen hasta que Proconsumidor hable.

Sería un acto de justicia de Proconsumidor