Los últimos tres lustros han sido demoledores para la sociedad dominicana por el crecimiento del tráfico y consumo de drogas en la República Dominicana. El país, además de puente preferido y cómplice de los grandes narcotraficantes, se convirtió en mercado apetecido por un consumo creciente de estupefacientes de diferentes tipos. Hasta la heroína, el crack y otras drogas fuertes encontraron usuarios en varios puntos del país.
Los centros de atención y tratamiento de adictos siguieron siendo responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil, sin que el Estado asumiera la responsabilidad de poner en práctica una política deliberada de atención y recuperación de las personas afectadas por el consumo. Es una tragedia y no cualquier entidad o grupo puede sostener esos programas, salvo los casos de Casa Abierta u Hogares Crea, que han sido pioneros en la atención integral de las adicciones.
No existe en el país, ni el Consejo Nacional para la Defensa de la Niñez y la Adolescencia (CONANI) los creó, centros de atención para el tratamiento de los niños y adolescentes adictos a las drogas. A ese punto hemos llegado. Son muchos los niños y niñas que consumen y son adictos a las drogas. Llegaron a ellas por el abandono de sus padres, porque sus padres también fueron adictos, porque sus padres están o estaban encarcelados, porque no tenían un hogar que les acogiera o por simple descuido de sus familiares más cercanos.
Esos niños son los más vulnerables, y además, los más fáciles prisioneros para convertirse en delincuentes, atracadores, ladrones o criminales. Carecen de recursos para sostener una adicción costosa y delirante. A los propios entornos donde operan o viven estos niños y adolescentes adictos les resulta complejo manejar su atención y reeducación. Carecen de recursos, de metodología y de las instalaciones para ello.
Que muestre sus documentos, que los mismos sean validados y se determine la legalidad de esa transacción. Y en caso de que se comprueba la licitud de la operación, que lo dudamos, el Estado asuma la responsabilidad de ubicar un lugar adecuado para este centro de atención. Es lo mínimo que se puede hacer en este caso.
Un caso palmario es la creación del Centro Hogar Crea de Niños y Adolescentes, que inició en Tamboril y se trasladó a La Vega. Pobre, sin recursos, no tenía facilidades hasta que el 19 de marzo del 2014 le fue entregada una residencia en La Vega, incautada a Pablo Antonio Martínez Javier, vinculado a Quirino Ernesto Paulino Castillo. Martínez Javier es un prófugo de la justicia dominicana, y por tanto su residencia fue entregada al único programa de atención a adolescentes y niños dependientes de drogas que existe en el país.
Pasaron solo 362 días, un año, para que apareciera una sentencia extrañísima de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, otorgando un plazo de 5 días a Hogar Crea para entregar la vivienda. Es insólito que así actúe la justicia, sin juzgar al prófugo y devuelva la vivienda, ya ocupada y restaurada para 35 niños y adolescentes dependientes de las drogas, que han encontrado refugio, educación, rehabilitación en aquel lugar.
Addis Burgos, periodista investigadora de Santiago, investigó el caso y dio a conocer los detalles de este putrefacto caso. Hace falta que el Consejo Nacional de Drogas intervenga y aclare la cuestión. Y si no lo hace, pedimos que la presidencia de la República se moleste un minuto y pida a alguien que investigue este extrañísimo fenómeno, para detener la injusticia de cerrar el único centro que existe en el país de atención integral de niños, niñas y adolescentes adictos a las drogas.
Los dirigentes de Hogares Crea están alarmados, comenzando por Rodolfo Brito, supervisor de la Regional Norte de la entidad, y seguido por Reinaldo Casado, director del Centro Hogar Crea para Niños y Adolescentes. La vivienda fue entregada para ese centro y así ha ocurrido. Han atraído a 35 menos de edad, que allí se han reeducado. Lanzarlos a las calles es inducirlos a que vuelvan a las drogas. El Poder Ejecutivo no puede permitir que eso ocurra.
El plazo de 5 días otorgado por la Segunda Sala Penal del DN ya se cumplió. Se trata de menores con edades entre 9 y 17 años. Hogar Crea es su única protección. El gobierno debe investigar a la ciudadana norteamericana Linda Georges, quien obtuvo la sentencia favorable como supuesta propietaria del inmueble. ¿Cuándo compró, a quién compró? Que muestre sus documentos, que los mismos sean validados y se determine la legalidad de esa transacción. Y en caso de que se comprueba la licitud de la operación, que lo dudamos, el Estado asuma la responsabilidad de ubicar un lugar adecuado para este centro de atención. Es lo mínimo que se puede hacer en este caso.