Desde que se inauguró la carretera Juan Pablo II, que une a Santo Domingo con Samaná, la tragedia ha quedado impregnada en esa peligrosa autovía. Son muchos los accidentes que se han registrado en esa carretera y muchas las vidas que se han perdido.

Construida por el Consorcio Carreteras del Nordeste, mediante una concesión otorgada por el Estado Dominicano, para que el 80% de la inversión pueda ser cobrado en un período de 20 años, hasta el momento son muchas las tragedias asociadas a esa iniciativa. El gobierno del presidente Hipólito Mejía aportó el 20% de la inversión.

El Estado, sin embargo, debe pagar una especie de peaje sombra a los inversionistas, que se oculta en el contrato mediante un capítulo de equilibrio, para que en caso de que mediante el peaje no se recupere la inversión, el Estado tenga que abonar parte del dinero que tenían previsto recibir los inversionistas.

El peaje resulta onerosamente excesivo para los usuarios. Ida y vuelta al Cruce de Molinillo, desde Santo Domingo, hay que pagar aproximadamente 800 pesos en los tramos en que se fracciona el pago de peajes.

El tema es que la construcción resultó fallida, por desperfectos del terreno y por mala construcción de los ingenieros responsables de ejecutar una carretera que fuera segura. Cientos de personas han fallecido en esa carretera desde que se inauguró.

Ciudadanos dominicanos y extranjeros, generalmente turistas e inversionistas, que hacen el trayecto de ida y vuelta a Samaná, quedan inesperadamente atrapados por los fallos de la carretera, la escasa señalización y se accidentan irremediablemente.

Aunque la carretera tiene vigilancia, las velocidades que se utilizan y los vaivenes del pavimento son una clarísima causa de los accidentes. Vehículos que suben y bajan, en una carretera accidentada, imposibilitan la visibilidad y ocurren lamentables accidentes. Muchas veces con vehículos del transporte colectivo y otras veces con los vehículos privados que hacen el trayecto. En otras ocasiones se cruzan animales en áreas de velocidades que sobrepasan los 100 kilómetros por hora.

El Ministerio de Obras Públicas está en la obligación de investigar, detectar y corregir los tramos más peligrosos de la carretera Juan Pablo II. Este fin de semana acaban de tener un trágico accidente los jóvenes, recién casados, Alexandra Ortiz, de 23 años, y Lisandro González, de 25, cuando retornaban de Samaná, donde pasaron su luna de miel. Ambos fallecieron al chocar su  automóvil con un autobús.

Si se determina que la carretera está mal construida, mediante un estudio avalado por el Ministerio de Obras Públicas, los responsables de la vía tienen que corregir los errores que cometieron. No es posible que las vidas de las personas se pierdan por fallos como los que tiene esa carretera y las autoridades sigan de brazos cruzados, sin hacer nada.

Es responsabilidad del gobierno defender la vida de sus ciudadanos que transitan por una carretera altamente peligrosa, como la Juan Pablo II.