El Ministerio Público y el sistema de administración de justicia tienen una gran responsabilidad en todo cuanto ocurra a partir de ahora con el recluso Adriano Román, responsable de planear la muerte del abogado Jordi Veras, por haber defendido a la señora Miguelina Llaverías, ex esposa agredida por el señor Román.
Lo que decimos tiene una relación directa con los actos compulsivos, y sustentado en el poder del dinero del señor Román, del empresario Adriano Román, que tiene una pasión desmedida por anotar nombres de personas con las que se disgusta y a las cuales incluye entre los potenciales sentenciados a muerte.
Es lo que pasó con Llaverías, pero antes pasó con un hermano suyo, y ocurrió con Jordi Veras, y seguirá ocurriendo con otros, porque el comportamiento agresivo no se ha reducido ni se controlará con la cárcel.
Hace falta que los abogados José Lorenzo Fermín, que ha servido de abogado a Jordi Veras, cuide muy bien sus movimientos, y que el padre de Jordi Veras también proteja más que nunca sus pasos, lo mismo que el propio Jordi
No sabemos hasta qué punto el señor Román podrá seguir utilizando la enorme cantidad de dinero que ha acumulado en la industria farmacéutica, y que le sirve para contratar sicarios y mandar a matar a las personas con las cuales se disgusta.
Las autoridades del Ministerio Público tienen la lista de sentenciados a muerte por el señor Román, que además de Jordi Veras, incluye a otros abogados, a periodistas, a funcionarios públicos y a críticos de sus desviaciones criminales.
Las autoridades del Ministerio Público deben saber que el señor Román se maneja a sus anchas en la cárcel de Rafey, dentro del nuevo sistema penintenciario, en donde reparte dinero, gana voluntades, y hasta tiene posibilidad de saldar las cuentas de presidiarios que bien pudieran salir de la cárcel si tuvieran dinero, y al parecer el señor Román tiene la posibilidad de hacer favores en esa dirección para que luego le hagan “favores” a él.
El tema no es pequeño. Luego de que se descubre un comportamiento criminal, y queda palmariamente demostrado, es probable que el criminal decida seguir matando. Las autoridades tienen todos los elementos en sus manos para impedirlo, porque pueden perfecta y legalmente decidir que los fondos del señor Román pasen a un administrador secuestrario, o pasen a sus hijos, con los cuales se bate en la propia justicia por la herencia que le fue dejada por su hermano, no a él que le agredió físicamente, sino a los hijos de Adriano.
El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y la Procuradora Fiscal de Santiago, Luis Liranzo, no deben perder tiempo. Tienen la oportunidad –y el deber- de evitar nuevos atentados. En ese sentido hace falta que los abogados José Lorenzo Fermín, que ha servido de abogado a Jordi Veras, cuide muy bien sus movimientos, y que el padre de Jordi Veras también proteja más que nunca sus pasos, lo mismo que el propio Jordi, y las demás personas que han sido identificadas en una lista que fue descubierta por las autoridades, en donde también estaban incluidas algunas personas de los medios, como Huchi Lora y Patricia Solano.
Este es un llamado vehemente a las autoridades para que eviten una nueva tragedia. Los jueces que tienen la decisión del caso en sus manos, y que escucharon las pruebas, deben tomar en cuenta estas circunstancias. No es que se asusten, porque nunca un juez puede salir huyendo a un criminal a quien juzgan, sino porque están en el deber de actuar para salvar a la sociedad, para evitar que nuevos atentados se produzcan y para detener las acciones de un demonio, que pese a estar bajo las rejas, insiste en su pasión más terrible: el crimen.
La institución de la Iglesia Católica que ha sido señalada como favorecida por Adriano Román, en su testamento, para que le herede al morir, deberá revisar muy bien los pasos que dará, porque es muy probable que ese testamento esté siendo utilizado para mediatizarla, o utilizarla, en detrimento de su prestigio para que favorezca las actuaciones desacertada de su benefactor. Que lo piense bien.