El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) tiene a su cargo la función de vigilar y proteger la seguridad del Estado. Cuando se habla de investigaciones en realidad se habla de espionaje, captura y persecución de información confidencial, privada, de interés público, que incluye asuntos estrictamente políticos, pero también personales. Este departamento está al entero servicio del presidente de la República, y por eso su sede se encuentra precisamente al lado del Palacio Nacional, en la calle Moisés García.

Los jefes del DNI siempre han sido oficiales curtidos en la las investigaciones y en los chismes de cualquier naturaleza. El DNI tiene agentes en todas las áreas y en instituciones estratégicas, y hasta posiciona personal en el extranjero. Está adherido, por el tipo de trabajo que realizan sus agentes, al ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, y coopera en temas de persecución del narcotráfico con la Dirección Nacional de Control de Drogas y se ocupa de brindar apoyo a la Dirección Nacional de Migración, y depura las solicitudes de extranjeros que desean establecerse en el país o realizar inversiones aquí.

Se puede decir que el DNI es la herencia del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) que operó como una fuerza investigativa y de terror en la dictadura de Rafael L. Trujillo Molina.

Sigfrido Pared Pérez, almirante retirado y ex ministro de Defensa en dos ocasiones, es el actual director del DNI, y finalizará sus funciones el domingo 16 de agosto. En la precaria página de internet del DNI, Pared Pérez dice lo siguiente sobre sus roles como organismo de servicio público:

“El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), labora de manera integral y coordinada con todas las instituciones sobre las que descansa la responsabilidad de la defensa de los valores democráticos, en unión a los derechos individuales, como un binomio perfecto para lograr establecer una fuerte plataforma de Seguridad Nacional, con la finalidad de facilitar a nuestro Gobierno, alcanzar y mantener los objetivos nacionales permanentes, vitales y vinculantes al Estado, garantizando así los deberes que se conjugan para la integridad de nuestro territorio, bienestar de la población, así como la permanencia y eficacia de sus instituciones”.

Esa descripción puede trasladarse a cualquier organismo de investigaciones políticas o militares de cualquier país del mundo. Aquí ha sido una tradición que los miembros y oficiales del DNI sean gentes vinculadas a la milicia, curtidas en olfatear conflictos, amenazas, chantajes, sobornos, infidelidades. Nuestros presidentes se han servido de este organismo para estar siempre “muy bien informados” de todo cuanto ocurre en el país.

Luis Abinader acaba de dar un golpe de efecto deslumbrante, que deja a muchos del ámbito de la investigación y del aparato militar boquiabiertos, porque rompe con la tradición, y sorprende positivamente. Se acabó el militar, el oficial policial de alto rango, el experto chismes al frente del DNI: Ha anunciado que designará al frente de ese organismo a un abogado: Luis Soto, del equipo de colaboradores jurídicos, que alrededor de Antoliano Peralta, estuvieron siempre apoyando las iniciativas políticas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Luis ha dicho lo siguiente:

“El Lic. Luis Soto será designado Director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI). Por primera vez un civil, abogado, que va a proteger como nunca la seguridad del Estado, respetando la privacidad de los cuidadanos y respeto a la ley”.

¿Podrá un civil realizar este trabajo que tradicionalmente ha estado en manos de militares? Seguro que es posible. ¿Cambiará esto la naturaleza del DNI? No necesariamente. Hay que revisar la ley 857-78, que es muy breve y en sus ocho artículos precisa el trabajo que debe realizarse. Es una dependencia del Ministerio de Defensa, y debe proteger las instituciones del Estado. Investiga a todo el mundo, si fuere necesario, especialmente para identificar delincuentes, ladrones, corruptos, narcotraficantes…Pero que nunca ha cumplido. O ha guardado los datos. César el Abusador, José David Figueroa Agosto, Quirino Ernesto Paulino Castillo, fueron personas vinculadas al Estado que el DNI nunca identificó con antelación a que la DEA lo hiciera.

Celebramos este paso significativo del presidente electo, y deseamos que Luis Soto, abogado, tenga el acompañamiento de la sociedad, para cumplir su deber, sin violar los derechos a la privacidad de nadie.