Las instituciones no pueden burlarse de la sociedad, y menos si esas entidades son estatales y tienen el compromiso de aprobar leyes que obligan a la totalidad de los ciudadanos.

Esto viene como anillo al dedo en el caso de la Cámara de Diputados, que es parte del más importante poder del Estado, y que ha tomado para sí la protección del legislador Radhamés Camacho, quien entregó una declaración jurada de bienes llena de imprecisiones, cargada de errores y que se convierte en una muestra fehaciente de la debilidad con que opera la vigilancia del Estado en relación con una ley que debe procurar la transparencia.

Radhamés Camacho, como legislador, debe dar explicaciones. Es la Cámara de Diputados el órgano inicialmente responsable de pedir esas explicaciones. En apenas dos meses, junio y julio del año pasado, ese maestro y presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, abrió tres certificados de participación en una entidad privada, por 8.5 millones de pesos.

¿Realizó alguna transacción comercial o inmobiliaria? ¿Lo notificó a la DGII? ¿Recibió alguna herencia o se ganó algún premio? ¿En sus funciones en la ADP le facilitaron algún préstamo o le ayudaron a obtener una cantidad de dinero igual? ¿Su salario como maestro, como legislador o alguna compensación como miembro del Comité Político del PLD le permitió obtener esa suma en alguna actividad legítima? ¿Podrá explicarla? ¿Podrá demostrar la forma en que ha obtenido una fortuna, declarada por él en dos declaraciones juradas ya corregidas, de 48.2 millones de pesos?

La noche del martes la página web de la Cámara de Diputados sustituyó la “vieja” declaración jurada de bienes de Camacho, en la que dice recibir 24 millones de pesos por alquiler de viviendas y 91 millones de pesos de ingresos como profesor y directivo de la ADP. Si él quería corregir esos datos, debió hacerlo con transparencia, y la Cámara de Diputados admitir su error. No debieron actuar bajo la sombra de la noche, para hacer pasar un documento “nuevo” como el válido.

De entrada, al proceder la propia Cámara a sustituir el documento echa por suelo la tesis del profesor Camacho y sus defensores de que los datos habían sido "falseados" por los periodistas. Si alguien "falseó" esos datos, fue el propio legislador, que se vio obligado a "corregir" su propia declaración jurada.

Aún así, la “nueva” merece ser explicada, y le convendría a Camacho explicarla, y a la Cámara pedirle explicaciones. El modelo de transparencia que están utilizando no es válido. Su gobierno designó el año 2011 como de la Transparencia y la Institucionalidad. Que no jueguen con la sociedad, y digan las cosas como son.

Camacho ha debido admitir el error suyo y de sus abogados, y no debió buscar fallas ni falta de ética en el medio de comunicación que analizó sus bienes. Es un hombre público, un diputado, que aprueba leyes que rigen para todos. Es irracional que un legislador de las dimensiones de Camacho, miembro del Comité Político del PLD, trate de ocultar lo que tiene. La propia declaración jurada está incompleta, y los inmuebles, por ejemplo, no tienen ubicación ni define las parcelas en las que se encuentran o brinda algún dato sobre los títulos de propiedad.

En Acento no tenemos nada en contra del profesor Camacho. Nos asombra, eso sí, que siendo del Comité Político del PLD, diputado y presidente de la ADP, no cumpla con las normas mínimas de rendición de cuentas y sus propiedades resulten tan abultadas, o que haya escrito en su “vieja” declaración que tenía una cuenta corriente con 2,858 millones 517, 067 pesos. Leyó bien. Eso dice la declaración del maestro y diputado Camacho.

Que sea transparente, que ayude a la puesta en marcha de la política de su gobierno, de su Comité Político y de su ADP, y que se ponga al frente de los que tienen bienes bien definidos, precisos en sus valores y cuentas de bancos no abultadas. Y le irá mejor cuando haga un ejercicio público de defensa de su imagen, a lo que lógicamente tiene derecho y se lo respetamos.