El asesinato del teniente coronel César Augusto Ubrí Boció, asistente del jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) es un desafío a las autoridades antidrogas y de la Policía Nacional.
Fue ultimado la noche del domingo, frente a una iglesia del sector Las Praderas, a escasa distancia de su casa. Era un oficial de buen comportamiento, que se había superado y que trabajó durante los últimos 18 años en ese organismo. Sobrevivió a todas las limpiezas que se hicieron en la DNCD, lo que evidencia que era una persona recta y cumplidora de sus funciones.
La jefatura de la DNCD ha interpretado el crimen como un mensaje de amedrentamiento y ha prometido capturar a los responsables de la muerte de un oficial de 44 años. Se puede afirmar que era, en la práctica, la segunda persona en la jefatura de la DNCD, luego del general Rolando Rosado Mateo.
La DNCD ha dicho que los criminales “van a pagar caro esa baja”. Y se entiende que haya indignación. Sin embargo, hay que decir que la indignación de las autoridades debe ocurrir siempre que se produzca una muerte de un ciudadano dominicano, o de cualquier otro país, a causa de ataques terroristas o de retaliación por la lucha que llevan en la DNCD contra el tráfico y el consumo de drogas.
“Todo indica que estamos frente a una especie de mensaje, por la forma como los asesinos de Ubrí Boció le asestaron los disparos. Recibió disparos de escopeta en cada brazo, lo que para nosotros en la DNCD lo tomamos como un mensaje”, dijo Roberto Lebrón, vocero del organismo antinarcótico.
Los investigadores deben investigar todas las aristas del crimen. Hay que dejar a un lado la parte emocional, y ver todas las vertientes, conexiones, relaciones y posibles testigos del hecho. Si es posible identificarlos y apresarlos, habría que tener en cuenta que las amenazas de la dirección de la DNCD, de que pagarán caro este crimen, podría implicar el asesinato de los responsables.
No es buena decisión terminar con la vida de los responsables. No es legal, pero tampoco es aconsejable, debido a que los ejecutores no necesariamente son los mismos autores intelectuales. Podrían ser sicarios. Y la forma de determinar el móvil del crimen está en capturar a quienes lo ordenaron, no en quienes lo ejecutaron.
Hay que aguantarse las ganas. Es un desafío a la autoridad. Y eso lo hemos dicho y repetido muchas veces. El crimen se ha instalado en el país y se siente impune al brazo sancionador del gobierno y la justicia. Este crimen tiene implicaciones más profundas, y habría que investigar bien y determinar quiénes lo ordenaron y quiénes lo ejecutaron. Sancionarlos a ambos es un deber de las autoridades.