La Procuraduría General de la República ya investiga el origen del atentado criminal contra el campamento por las tres causales, que lleva más de un mes establecido frente al Palacio Nacional de la República Dominicana.
La noche de este domingo, un delivery de la empresa de servicios Hugo llevó una caja con dulces para las personas que forman parte del campamento. En nombre de “María Teresa Alcántara”, entregaron dulces que estaban envenenados. Por lo menos once miembros del campamento tuvieron que ser hospitalizados por envenenamiento.
“Juntas podemos! Apoyando desde la distancia. Gracia por su lucha” era el mensaje de la tarjeta hasta ahora identificada por las autoridades del Ministerio Público, con que llegó la caja de dulces, con una cinta verde.
Juan Medina, miembro del Ministerio Público, es quien está a cargo de la investigación. Tanto la Procuradora Adjunta, Yeni Berenice Reynoso, como la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, están al tanto de las indagaciones. No es necesario actuar con premura, ni adelantar conclusiones, porque los autores de este atentado no parecen tener juicio, pues llegar al extremo del atentado criminal por un asunto que está en debate en el Congreso Nacional, es excederse más allá de lo que cualquier régimen democrático permite.
Este atentado es un crimen sin miramiento, amparado en un exceso de fe o de interpretación de cómo debían llevarse las cuestiones públicas. Asesinar a los que defienden las tres causales no borra la exigencia de la sociedad dominicana. Y para conseguirlo tendrían que asesinar por lo menos a los tres cuartas partes del país que defiende esta petición. Y no hay "tres pasitos" suficiente para detener las tres causales.
El caso, como se ve hasta este momento, tiene que servir de ejemplo para los legisladores que tienen en sus manos el destino del Código Penal con las tres causales o sin ellas. Esos legisladores fueron electos democráticamente. Y se entiende que deben votar de acuerdo con su convicción y con su conexión con el conjunto de la sociedad que les eligió para sentarse en las curules del Congreso Dominicano.
Asesinar ciudadanos que demandan una causa social y de salud no es solución para nadie. Complica en realidad el cuadro en que nos encontramos en este momento. Si la intención era matar, el crimen por envenenamiento es igual al que ametralla una multitud de jóvenes, o el que asesina a los que se congregan alrededor de una iglesia o a las personas color negro por su origen racial. Raya en la irracionalidad.
Las autoridades del Ministerio Público tienen el caso en sus manos. En los interrogatorios que hagan, en la identificación del delivery y en determinar quién o quienes fueron los autores del envío envenenado radica ahora la cuestión. Si las manos criminales tienen ramificaciones, también habría que determinarlo. Corresponde que al gobierno también establezca con claridad su rechazo a este atentado, que por su naturaleza vil y simulada es aún más siniestra y antidemocrática.
Situaciones como esta nos enseña que aún no andamos bien democráticamente. Quienes hicieron este atentado, por más risible que pudiera parecer, merecen un castigo ejemplar.