Resulta difícil de explicar la naturaleza del contrato de servicios jurídicos concebido por la Procuraduría General de la República, encabezada por Jean Alain Rodríguez, con cuatro reconocidos abogados, que a su vez eran activistas políticos de los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano, y si no, eran entusiastas simpatizantes de la candidatura de Gonzalo Castillo a la presidencia de la República.
Lo extraño, lo poco explicable, es que se hayan firmado cuatro acuerdos, uno para cada abogado, con los mismos términos, de la misma naturaleza, para representar y defender a la Procuraduría General de la República ante el Tribunal Superior Administrativo, en donde 19 fiscales de la carrera sometieron un recurso de oposición a la convocatoria de un concurso para llenar plazas en la Procuraduría General de la República.
¿Necesitaba abogados la Procuraduría General de la República, teniendo tantos juristas asalariados, asesores, asistentes, con excelentes salarios, y que estaban a disposición de la gestión de Jean Alain Rodríguez?
Era una decisión del señor procurador hacer esos contratos, independientemente de que alguno de los contratados fuera asalariado, estuviera en la nómina mensual de esa dependencia que los contrataba, ahora con una gratuidad condicionada.
Uno comienza a sospechar intenciones maliciosas cuando se percata que en la parte relacionada con el pago de honorarios, los distinguidos abogados contratados, que se caracterizan por su amor al dinero, firmen un compromiso para representar ¡gratis! los intereses de la Procuraduría desde marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2023. ¡De gratis!. Pro bono (¿?), como si se trata de una dependencia con escaso presupuesto. Ya sabemos que son abogados de la confianza del procurador, porque alguno de ellos representó ante los tribunales las intenciones de la Procuraduría de homologar un acuerdo con la empresa Odebrecht, para no someter a la justicia a ningún funcionario de esa empresa en la República Dominicana o fuera de ella, si delataban a los receptores de sobornos. Y esa defensa costó un gran cantidad de dinero, en dólares,
Toda persona o entidad jurídica tiene derecho a procurar la defensa que desee ante cualquier tribunal ante el que tenga que postular. Lo complicado, lo retorcido, lo extravagante, es que la gratuidad se convierta en onerosa si se tratara de suspender o cancelar ese contrato pro-bono. Sería un daño moral a los desprendidos abogados, y entonces, por el no trabajo habría que pagarles la suma, a cada uno, de cinco millones de pesos.
Y la Procuraduría General de la República aceptó (o propuso) esa extrañísima condición. Uno tiene que sospechar que la acogió en marzo del 2020 bajo el entendido de que el Partido de la Liberación Dominicana perdería las elecciones. Ya el doctor Jean Alain Rodríguez estaba informado que el candidato Gonzalo Castillo no iba bien en la campaña y le sería difícil completar la carrera por la presidencia con éxito. Y quiso dejar a estos abogados como responsables, hasta el 2024, de enfrentar a los 19 fiscales que rechazaron su concurso.
Lo que no pudieron imaginar fue que Miriam Germán Brito sería Procuradora General de la República, con amplísimo apoyo popular, y que Yeni Berenice Reynoso, fiscal demandante, sería juramentada por el presidente Luis Abinader, Procuradora General Adjunta. El objeto del recurso de oposición al concurso de titularidades, presentado ante el Tribunal Superior Administrativo, desapareció. El mismo grupo de fiscales que hizo la solicitud de cancelación del desviado concurso, en este momento, podría desistir de su demanda, y permitir a las nuevas autoridades continuar, correctamente, los procedimientos de elección de nuevas titularidades.
Con elegancia y corrección Eduardo Jorge Prats dio el paso adecuado, al anunciar su renuncia a continuar el contrato y al cobro de la penalidad. Entre quejas y retorcimientos jurídicos, el abogado Valentín Medrano Peña dijo que tampoco cobraría la penalidad, en caso de que se le quitara del proceso. Y está bien que hayan admitido que se trata de un caso raro, extraño, complicado para explicar y más complejo para digerir entre entendidos en una materia tan pública y tan exigente como el derecho penal dominicano.