Editorial

Turismo, Fitur y el debate sobre las nuevas infraestructuras hoteleras

Por Acento.com.do

La semana pasada ha cerrado sus puertas la XXXVIII edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid, que, como cada año, recoge las principales novedades del turismo mundial y es visita obligada para todos los actores del sector.

Una vez más, República Dominicana ha estado presente en un stand organizado por el Ministerio de Turismo, que ha sido uno de los más visitados, aparte de la amplísima delegación oficial dominicana y los patrocinios de instituciones financieras, como los bancos Popular y Banreservas. Nuestro país, uno de los de mayor tradición turística en el Caribe, es un destino maduro que necesariamente ha tenido que evolucionar y adaptarse a las nuevas tendencias de los mercados emisores y a las demandas de unos visitantes cada vez más exigentes, sometidos a una oferta global altamente competitiva.

El turismo de sol y playa, emblemático en las últimas décadas del siglo pasado, ha fomentado la construcción en el área de Bávaro (desde Cap Cana hasta Macao), del mayor número de habitaciones hoteleras en nuestro país. Esta área, desde el inicio de su desarrollo, hace ya casi 40 años, ha sido objeto de distintas políticas de ordenamiento de suelo orientadas a fomentar un turismo de baja densidad y construcciones de baja altura, situadas frente a la playa ocupando la práctica totalidad de la línea de costa.

Ese modelo inicial se ha enriquecido con la incorporación de amplia oferta complementaria, golf, marinas, turismo cultural y temático, e incluso el desarrollo de vivienda de primera residencia y centros comerciales, al amparo de la Ley de Fomento Turístico, captando importantes inversiones privadas, y la ejecución de un efectivo plan de infraestructuras acometido por las autoridades en los últimos años. Administraciones anteriores modificaron las densidades permitidas arbitrariamente, como ocurrió precisamente en el Ministerio de Turismo bajo la dirección del empresario turístico Felucho Jiménez. Incluso, nadie debe olvidar que fue cambiada la categoría del Distrito Nacional, repentinamente convertido en polo turístico, para facilitar o bajar los costos de construcción de un gran hotel en la avenida Tiradentes.

Con la llegada del siglo XXI, las principales tendencias de la demanda turística se desplazaron a productos cada vez más sofisticados donde conceptos como el respeto medioambiental, eficacia energética, oferta recreativa, amplias áreas verdes y baja ocupación de suelo, forman parte de las características de la oferta.

Implicados con estas nuevas tendencias, el Ministerio de Turismo, estableció el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico Punta Cana – Bávaro – Macao, el 26 de abril de 2012, que había sido establecido con el objetivo de regular la categorización, clasificación e implantación edilicia de los proyectos de carácter turístico y de cualquier naturaleza, con el fin de promover el desarrollo turístico armónico, la puesta en valor del entorno urbano y de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de este destino.

Dicho Plan Sectorial, enumera diversas categorías de infraestructuras y establece para los proyectos mayores de 2,000,000 m2 (200 Ha), la calificación de Nuevas Comunidades Turísticas, a las que exige un mínimo de un 20% de su edificabilidad destinada a servicios complementarios turísticos y una variedad del producto de alojamientos y de tipología edificatoria. Dentro de esta clasificación se encuentran los proyectos de Punta Cana Resort y Cap Cana, para los cuales el Plan Sectorial establece que los proyectos localizados dentro de dichos complejos, serán normados mediante parámetros aprobados bajo No Objeción Uso de Suelo de cada uno de ellos, que, en el caso de Cap Cana, incluye Torres Multinivel de 8, 15 y 20 pisos, en función de su distancia a la línea de costa desde 2007. No fue el actual ministro de Turismo, Francisco Javier García, quien tomó aquellas decisiones que ahora se debaten. 

Recientemente, mediante Resolución 002-2017, el Ministerio de Turismo sí modificó la Unidad Ambiental No 2, Macao, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial Turístico Punta Cana – Bávaro – Macao, correspondiente al 2012, autorizando la construcción de Torres multinivel más allá de una línea a 500 metros de la playa. Pero en ese caso hay una condición especial: Ese terreno amplísimo, puede ser autorizado a aumentar el nivel de las torres pero sin afectar la densidad habitacional. No existe otra forma de explotar turisticamente una zona con proximidad de playa de esas dimensiones.

Los proyectos de construcción en multinivel, desarrollados desde una visión vanguardista del uso de suelo, se caracterizan por distribuirla misma densidadhabitacional en un mayor número de niveles, logrando que las construcciones no superen el 20% de ocupación del suelo, frente a un 60% de la construcción tradicional. Esto permite el desarrollo de amplias áreas verdes y recreacionales, eficientizar su consumo energético y facilitar la vista al mar a terrenos antes condenados a usos terciarios, con un enorme impacto positivo frente al modelo tradicional.

La función reguladora y normativa, competencia exclusiva del Ministerio de Turismo, ha estado orientada a hacer posible el desarrollo de un nuevo modelo turístico que viene a complementar la oferta turística de nuestro país, con una visión adaptada a las nuevas tendencias del mercado. Al parecer la directiva de la Asociación Nacional de Hoteles (ASONAHORES) se ha abierto a esa posibilidad, al decidir sentarse con las autoridades para discutir esta decisión sobre Macao y las demás que ahora reconocen, pese a ser parte de Consejo de Fomento para el Desarrollo Turístico (CONFOTUR).

Lo deseable es que al retornar de FITUR tanto el ministro como los directivos de Asonahores y los hoteleros que resisten estas decisiones se pongan de acuerdo, tan rápido como sea posible, y relancen con coherencia la política de desarrollo turístico de la República Dominicana. Para algo debe servir el éxito alcanzado por la industria turística en lograr coherencia entre las decisiones estatales y las renovaciones propuestas por el sector privado.


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