La ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que crea una instancia superior para administrar y manejar el sistema de transporte público de pasajeros en todo el país, deberá instalarse y servir para resolver todos los nudos e intereses que han impedido una solución definitivo al gravísimo problema del transporte de personas en República Dominicana.
La creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) representa un cambio en la concepción del Estado en el manejo del transporte. Casi una docena de entidades estatales, que fueron iniciativas de gobiernos anteriores y que se mantuvieron activas pese a su fracaso, fueron fundidas bajo la coordinación del INTRANT. El Estado ahora es el regulador y no el inversor en sistemas de transporte terrestre.
Los empresarios del sector, incluyendo a sindicalistas y propietarios de rutas de pasajeros en las áreas urbanas e interurbanas, tendrán que adquirir los vehículos que necesiten para realizar su negocio, y siguiendo las pautas dictadas por las autoridades. Quienes no puedan cumplir con esos requisitos podrían quedar fuera del negocio. Esa es la orientación que el gobierno ha ofrecido.
Otra cuestión está relacionada con los intereses de funcionarios del gobierno en el negocio del transporte. Ello representa conflictos de intereses que hay que cortar de raíz.
En la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) ya hemos visto cómo los intereses están cruzados con las mafias y los crímenes en el caso de la muerte del abogado Yuniol Ramirez. Lo mismo ocurre con las empresas de transporte de carga, con las flotillas de vehículos de oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, lo mismo que los negocios paralelos creados alrededor de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte Terrestre (OPRET), que en realidad se encarga del negocio del Metro de Santo Domingo, y que se ha mantenido como un área independiente de la ley 63-17. También ocurre algo parecido con la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), que ahora forma parte de la Policía Nacional y es un ente importante en la disciplina que debe establecerse para que haya cumplimiento de las normas de tránsito.
La pasada semana el presidente y su equipo sostuvieron una reunión con sindicalistas y empresarios del transporte de pasajeros. El gobierno debe mantener su rol de ente de regulación y quien establece las normas de funcionamiento del negocio, así como ocurre con el turismo, las zonas francas o el negocio eléctrico. Los autobuses y demás vehículos del transporte de pasajeros los adquieren los empresarios del transporte, sin subsidios ni ventajas especiales. Y en cuanto a la exclusión de los carros de concho o chatarras, habrá que hacerlo reconociendo los derechos de unos cuantos miles de ciudadanos que han pasado una vida en ello, y con su exclusión generando alguna pensión para los mismos. Desde hace 50 años hemos oído a los pregoneros de todos los gobiernos anunciar que los carritos del concho serían eliminados, y nadie lo ha conseguido. Ojalá que ahora se logre y con que sea justicia.
El país cuenta ahora con una legislación actualizada. Faltan más de 30 reglamentos que que la ley sea completamente aplicable, pero apenas estamos en el inicio y la directora del INTRANT, Claudia Franchesca de los Santos, ya ha dicho que se trabaja en ello. El gobierno del presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de lograr objetivos que nunca antes estuvieron a la mano como parece que están en este momento. El gobierno debe cuidarse de los conflictos de intereses, y evitar los negocios turbios alrededor de una actividad que ya tiene mucha historia de mafias, crímenes, robos, corrupción, despilfarro y vergüenza para las autoridades. Estamos en posibilidad de lograr ese gran cambio que la sociedad requiere.