El sector eléctrico dominicano está plagado de incertidumbre. El gobierno es el principal responsable de la oscuridad que rodea el negocio de la electricidad. Las nuevas complicaciones están relacionadas con el acuerdo StandBy con el Fondo Monetario Internacional. Si el gobierno no cumple su promesa de aumentar la factura eléctrica, por vía del llamado ajuste técnico, el FMI no ratifica el acuerdo.

Voceros del Congreso respaldan al presidente Leonel Fernández ante las presiones que realiza el FMI. Fue el presidente Fernández el que hizo la carta de intención vigente, en donde promete hacer los ajustes. Como en este país la política lo cubre todo, en el negocio eléctrico está metida la política, y más específicamente el proceso electoral vigente.

El PLD sabe que el gobierno no puede zafarse del compromiso con el FMI, hace causa común con los funcionarios que han dicho que cumplir la carta de intención sería echarse una soga al cuello. Que no es posible cumplir el acuerdo y que si hace falta habría que echar del país a los representantes del FMI.

Ahora acusan al PRD y a su candidato, Hipólito Mejía, de querer el aumento de la tarifa eléctrica. Es decir, que el PRD quiere que el Gobierno cumpla lo pactado por el presidente en la última carta de intención. También el PRD y su candidato dicen estar en contra del aumento de la tarifa del servicio de electricidad.

El diario digital 7dias reveló documentos internos del FMI en los que se dan a conocer recomendaciones de los representantes del organismo internacional, para hacer pasar los aumentos tarifarios sin dificultades políticas. El acuerdo implica un aumento del 18% y la recomendación del FMI es que ahora se aumente un 9% y paulatinamente se vaya completando hasta alcanzar el 18%.

El gobierno está pensando en otras fórmulas. Ya el presidente de la República dio a conocer su intención de comprometerse con el FMI a realizar aumentos mensuales de 1.5% en la tarifa eléctrica hasta alcanzar el 18%. Eso implica que de aquí a las elecciones podría alcanzarse un 8%, y pasaría con alguna tranquilidad.

Pero hay otros problemas. El subsidio eléctrico de este año se agotó, y para el próximo año apenas fue registrada una parte mínima en el presupuesto, de 250 millones de dólares. Según los datos del propio presidente el monto del subsidio este año ha sido de alrededor de mil millones de dólares.

¿De dónde saldrán los restantes 750 millones de dólares para el subsidio del 2012? No lo sabemos y el gobierno no lo explica. No sabemos cuáles son las intenciones del gobierno con el subsidio, si mantenerlo hasta que el país lo aguante o eliminarlo. Nadie toma medidas para obligar a los que no pagan la luz a pagarla. Pese a la existencia de una ley que penaliza el robo de energía eléctrica el gobierno hace poco para aplicarla. Mucha gente se roba la energía y los planes para aumentar el número de clientes son poco atractivos o carecen de incentivos.

El gobierno tiene que se claro con el tema eléctrico. El gobierno debe decidir cuál es el camino que transitará en medio de este torbellino creado por el incumplimiento del acuerdo con el FMI. Hay que reconocer que el FMI ha sido flexible, ha asesorado al gobierno y permitido que muchas de las metas con las que el gobierno se ha comprometido se alcancen haciendo malabares en los números de las cuentas nacionales.

El sector eléctrico es fundamental para la marcha del país. Las elecciones son en mayo próximo y el mundo no se acabará si el gobierno cumple con la carta de intención y realiza el ajuste técnico en la factura como se comprometió. El problema es si ese ajuste es justo o si obedece a una política clientelista, que busca perdonar a los que nunca pagan y seguir hincando las espuelas en la economía de los que siempre pagan y están obligados a seguir pagando.

El conflicto lo tienen el PLD y el gobierno. El país debe seguir adelante. Si el PLD piensa que postergando las decisiones gana adeptos para mantenerse en el poder, sin importar si eso descalabra la economía, o la desguañanga, estaría cometiendo un gravísimo error. Hay que pensar, incluso electoralmente, en las prioridades nacionales.