La Federación Interamericana de Abogados (FIA), en su LXVII Conferencia, realizada en Veracruz, México, expresó su preocupación por la forma poco transparente en que se ha procedido con la selección de los jueces por parte del Consejo de la Magistratura.

Aprovechando la reunión de los abogados de la región, los representantes del país implicado, solicitaron la aprobación de una resolución que dice lo siguiente:

"DECLARA Y ACUERDA:

I. Mostrar su preocupación por tales circunstancias, con total respeto a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo..

II. Instar a la Asamblea Legislativa ….. a que reexamine y modifique el Reglamento Interno de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, de manera que la preselección sea transparente y pública, incluyendo la calificación de méritos de los postulantes, a través de un organismo independiente.

III. Apoyar al Colegio Nacional de Abogados ….y a los Colegios de Abogados Departamentales en su incesante lucha por la independencia de los tribunales de justicia en particular, y de los principios del estado de derecho en general, en beneficio del pueblo …. como último destinatario del servicio público de la administración de justicia de un país democrático.

IV. Solicitar formalmente a las autoridades competentes …. que autoricen a la abogacía organizada de las Américas a participar, como observadora, en todas las etapas del proceso de preselección, selección y elección de magistrados".

La similitud de situaciones es tan parecida que cualquiera pudiera creer que se trata del proceso que seguimos en la República Dominicana, con el tema de la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia.

Y en particular, que se trata de una crítica a los dos reglamentos que fueron aprobados para la selección de los aspirantes a las posiciones vacantes. Pero no, es un proceso similar que se sigue en este momento en Bolivia, en el sur del continente americano.

No se trata de que esté de moda demandar transparencia en la elección de los jueces. Se trata de un reconocimiento de la importancia del poder judicial para el sistema democrático, y de la necesidad de las instituciones de contar con poderes electorales, judiciales confiables, fuera de cualquier duda, y que estén lejos de crear disturbios institucionales para favorecer ciertas ambiciones políticas tan en boga en nuestro país.

Lo que se pide a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura es transparencia, lo mismo que solicitan los abogados de Bolivia. Lo que se pide a los encumbrados miembros del CNM es reglas claras, y que el país sea testigo de la elección que se haga, incluso pudiendo observar cómo votan cada uno de los miembros del organismo al momento de elegir a los jueces.

Más transparencia es más democracia. Más democracia significa mayor institucionalidad y un país más encaminado en la senda del desarrollo y la estabilidad. Por eso, es alentador coincidir con los abogados bolivianos y con los miembros de la Federación Interamericana de abogados en su solicitud de transparencia a un gobierno que se dice de origen popular.