El crimen contra los locutores y activistas sociales de San Pedro de Macorís, Luis Manuel Medina y Leo Martínez, de la emisora 103.5 FM, es un hecho horrible que espanta y conmueve al mismo tiempo. Los dos comunicadores estaban en su lugar de trabajo, ejerciendo un derecho elemental, y fueron asesinados mientras se comunicaban con su público, en plena lectura de una nota informativa.
Pocas veces ocurren en el mundo tragedias como estas. San Pedro de Macorís ha disparado las alarmas sobre la seguridad para el ejercicio periodístico en la República Dominicana. Medios internacionales han divulgado ampliamente el suceso y están indagando sobre lo que ocurre a los medios y a los periodistas en nuestro país.
Dayana García, la secretaria de la emisora también resultó herida, y se ha convertido en una testigo importante del suceso. San Pedro de Macorís y La Romana aún recuerdan el secuestro y posterior asesinato del periodista José Silvestre, en la comunidad conocida como El Soco. De modo que este tipo de tragedia no es ajeno a esta laboriosa comunidad.
Las autoridades debieron hacer un esfuerzo para determinar las causas del crimen, qué fue lo que movió al presunto criminal, José Rodríguez, a actuar contra los comunicadores y contra el personal de la estación de radio.
Sin embargo, todo se ha convertido en una especie de chapucería. No se podría hablar ni siquiera de investigación. Las autoridades tuvieron acceso a los testimonios de los testigos, y rápidamente tuvieron el vídeo que se transmitía en vivo por la red social Facebook, en donde aparece la persona que se señala como autora de los hechos.
Pasaron muchas horas, y José Rodríguez, supuestamente perseguido por agentes policiales se suicidó, luego de enfrentarse a agentes policiales en San Pedro de Macorís. Es mucho lo que habría que preguntar a los agentes policiales que actuaron. La preservación de la vida del imputado era muy importante para la investigación y determinar las causales del crimen y del comportamiento del homicida.
Pero se repite la historia de terminar con la vida de los acusados sin que haya otras opciones para evitar que hechos como estos se repitan, y que los acusados incluso se defiendan o expongan los motivos que los llevaron a tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué olvidar, en este momento, el caso de John Percibal Matos, asesinado en una cabaña en Bonao, en diciembre pasado?
Tanto John Percibal Matos como José Rodríguez pudieron ser reducidos a la obediencia sin que concluyera su persecución en un baño de sangre.
Las autoridades deben hacer un esfuerzo para que situaciones como estas resulten entendidas y respaldadas por la ciudadanía. Los crímenes extrajudiciales están considerados ejecuciones injustificadas. En el caso de José Rodríguez una parte de la ciudadanía entiende que su suicidio no es tal, que probablemente fue ejecutado por los agentes que lo perseguían.
Ya dirán los profesionales de la conducta si es posible que alguien que ha cometido un crimen, o se le acusa de tal hecho, puede asumir una conducta suicida luego de esconderse y hacer frente a los agentes policiales.
Hay que cambiar la forma en que la Policía Nacional “resuelve” casos trágicos como este de San Pedro de Macorís. La otra cuestión sería determinar si el Ministerio Público se verá llamado a realizar una investigación sobre la forma en que se dieron los hechos, y cómo terminó con su vida el señor José Rodríguez. No podemos confirmarnos con la explicación exclusiva de la Policía Nacional. Por más que nos interese creerle.