Tornado Fuerzas Vivas fue creado y presidido por Juan Alexis Medina Sánchez, para incidir en los procesos electorales a favor de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Las instituciones públicas fueron afectadas por este Tornado de Fuerzas Vivas, sin obviar a la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, todas dependientes del Poder Ejecutivo.
Por eso el Ministerio Público en su acusación en el caso Antipulpo, dice claramente lo siguiente:
“…es decir, de quien era Presidente Constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, hermano del imputado Juan Alexis Medina Sánchez; así como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), donde este tenía expresamente prohibido participar”.
Este movimiento político independiente she convirtió en una tormenta que arrasó con las finanzas públicas de las instituciones estatales por donde pasó. Solo hay que conocer la parte del expediente dedicada a este movimiento registrado y dirigido por Juan Alexis Medina Sánchez:
“A través de las personas morales acusadas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L. y Globus Electrical S.R.L., entre otras, el imputado Juan Alexis Medina Sánchez y Julián Esteban Suriel Suazo, en coordinación con los imputados Wacal Vernavel Méndez Pineda, Rafael Leónidas De Oleo, José Dolores Santana Carmona y Carlos José Alarcón Veras, ordenaban la elaboración de cheques que, tenían como beneficiario al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) o bien eran para cubrir los montos de los gastos de “Tornado Fuerzas Vivas”, movimiento de apoyo a la candidatura de su hermano, el entonces candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina Sánchez, para el periodo 2016-2020, quien resultó reelegido como Presidente Constitucional de la República Dominicana, y posteriormente, para el candidato a la Presidencia del país por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para el período 2020-2024: Gonzalo Castillo Terrero, a quien en las relaciones de gastos que servían de soportes a los cheques emitidos, estos le llamaban “Penco”, apodo que se popularizó para referirse al candidato Gonzalo Castillo Terrero”.
Se trató de una evolución política para depredar al Estado amparados en la poderosa maquinaria que encabezaba el presidente de la República, Danilo Medina.
“De igual manera, se financiaron campañas políticas a regidores, síndicos, diputados y senadores, provenientes de los fondos productos de los hechos de corrupción, utilizando el dinero que entraba en las cuentas de las compañías General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., y Fuel American Inc. Dominicana S.R.L. Todo esto, producto del pago de las contrataciones que se lograban usando las maniobras fraudulentas antes indicadas y de esta manera, resultaban ganadoras de procesos de selección de compras con varias instituciones del Estado dominicano”.
Eso que hacían era muy diferente a lo que prometían en sus discursos electorales. Era evidente que se trataba de un entramado para delinquir, para hacer ricos a unos cuantos, y hacerse de la forma menos democrático del poder de representación.
Lo que inició como un movimiento, posteriormente en fecha seis (6) de julio del año 2016, se convirtió en una organización sin fines de lucro, con el nombre “Fundación Tornado Fuerzas Vivas”, mediante el cheque 002186 de la compañía General Supply Corporation S.R.L. se pagó la constitución legal de la misma, estableciendo como domicilio el Edificio RS Av. 27 de febrero, No. 328, Bella Vista, D.N., lugar donde funcionaban todas las demás compañías que formaban parte del entramado de corrupción.
La Fundación Tornado Fuerzas Vivas fue incorporada en fecha 18 de julio del año 2016, fundada por el imputado Juan Alexis Medina Sánchez (presidente), integrada además por los coimputados Julián Esteban Suriel Suazo (secretario), Wacal Bernabé Méndez Pineda (tesorero), Rafael Leónidas De Óleo (vocal), y por los investigados Luis Emilio Bautista Díaz (vicepresidente), Messin Elías Márquez Sarraf (vocal), María Angelina Mireya Rodríguez Hermida, Francisco Ramón Brea Morel, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, David Amaury Tavares López y el hoy fenecido Omalto Gutiérrez Remigio, formando parte, la mayoría de estos, de las sociedades comerciales utilizadas por el entramado.
De acuerdo con su resolución de incorporación, la Fundación Tornado Fuerzas Vivas tiene como objeto social “Ser una organización de beneficio público, trabajo social, ayudas a personas de escasos recursos, culturales, educativos y deportivos”. Sin embargo, lejos de su objeto ha sido el principal movimiento político del sector externo, en apoyo logístico y financiero, de las candidaturas del hermano de su presidente y fundador, el expresidente Danilo Medina Sánchez (periodo 2016) y Gonzalo Castillo Terrero (período 2020), lo que no sería de interés del Ministerio Público de no ser una vía para captar fondos ilícitos que se utilizaban en campañas políticas de personas con poder de decidir en las instituciones con las que negociaba el entramado societario.
El Movimiento Tornado, creado y dirigido por el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, se constituyó en lo que su nombre indica, un tornado que arrasó y causó estragos en las instituciones públicas, de las cuales se sustraían los fondos para sustentar los gastos financieros del mismo. A través de la compañía General Supply Corporation S.R.L., beneficiaria de pagos del Estado por procesos de selección de compras, se emitieron una gran cantidad de cheques, para pagar lo que era la opulencia de vehículos, contrataciones de modelos que se exhibían en las caravanas, tshirts, y gorras con el logo y el nombre de Tornado Fuerzas Vivas. Eso lo podemos verificar a través del cheque 001028 de General Supply Corporation S.R.L. de fecha once (11) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), a nombre de Justo de los Santos, por RD$14,455.00, por concepto de avance de 70% para la confección de 100 Tshirts impresos Tornado, el cual fue firmado y autorizado por el acusado Julián Esteban Suriel Suazo, solicitado por Aris Aybar y revisado por el acusado Wacal Vernavel Méndez Pineda.
El financiamiento ilícito de la política: la caja negra de la democracia, en este caso en particular, fue en detrimento de esas instituciones públicas y directamente contra los dominicanos que esperaban obras de construcción, hospitales bien equipados, medicamentos, seguridad ciudadana, entre otros servicios y bienes que se vieron afectados; al margen de sobrevaluaciones y desviaciones para beneficio personal, grupal y además para poder colocar dinero para la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana de los periodos 2016-2020 y 2020-2024.
Una historia que no podemos permitir que se repita.