Es muy probable que el Ministerio Público siga ocupado con la preparación del expediente acusatorio a los imputados en el caso Odebrecht, y para lo cual tiene un plazo de ocho meses otorgado por el juez Francisco Ortega Polanco.
Estamos convencidos de que al Ministerio Público le falta tiempo para preparar el expediente acusatorio sobre la venta del barrio Los Tres Brazos, por parte de la estatal CORDE, y que una comisión designada por el presidente de la República sugirió –en un informe con conclusiones que fueron asumidas por el gobernante– que el Ministerio Público se ocupara de actuar.
Nos inquieta que el Ministerio Público no haya dado seguimiento al expediente de corrupción con la construcción de escuelas a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y que causó el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, quien al momento de suicidarse denunció la existencia de una red de tráfico de influencias que sacrificaba a los profesionales de la ingeniería y arquitectura que no tenían padrinos en la OISOE.
Tampoco tendrá tiempo para ocuparse de profundizar en el expediente de la compra, mediante sobornos, de los aviones Super Tucano, adquiridos por el Estado mediante préstamos con Brasil, y por lo cual se pagaron sobornos que pudieran ser mucho mayores de los 3.2 millones de dólares conocidos. En el caso Odebrecht el Ministerio Público solicitó despojar de su inmunidad a tres legisladores, pero que se sepa hay muchas más evidencias en el caso de los Tucano contra legisladores activos, y para ellos no se ha solicitado el despojo de la inmunidad.
El Ministerio Público parece que no ha tenido tiempo para leer el reporte de la dirección de Compras y Contrataciones sobre la remodelación del Hospital Darío Contreras, a cargo de la OISOE, que fue contratada por 886 millones pesos y concluyó con cuentas por encima de los 1,700 millones de pesos.
Y sigue pendiente de la acción pública, y de decisiones del poder judicial, el caso Banco Peravia, en el que había funcionarios designados por la presidencia de la República, pero el caso se apagó sin mayores consecuencias.
Faltó tiempo al Ministerio Público para indagar las revelaciones del ex ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, quien reveló que a la dependencia recién creada y que estaba bajo su cargo le quitaron 1,200 millones de pesos para pagar una nominilla de 4,000 personas del PLD.
Olvidó el Ministerio Público que el presidente Danilo Medina otorgó un poder al vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, para firmar un contrato con la empresa Pinegy Commercial Group, que se encargaría de construir una segunda planta de carbón valorada en 2,000 millones de dólares. Sería negociada con terceros, pero el negocio fue descubierto y denunciado y nadie respondió ninguna de las preguntas que rondaron ese extraño proyecto.
El Ministerio Público nunca se sintió aludido por las acusaciones y luego la condena contra Francis Lorenzo, nuestro embajador ante las Naciones Unidas, por haberse convertido en parte de una mafia que quería engañar al organismo internacional para construir edificaciones en China. Aquí nada se hizo, ni siquiera una declaración de condena por los actos impropios de un representante del gobierno dominicano.
Tampoco el Ministerio Público nunca hizo nada con las denuncias y publicaciones de datos minuciosos sobre los fraudes que se cometían en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en pasadas administraciones. Sepultado el caso por la falta de acción del Ministerio Público.
Y no se puede alegar nada, ahora que el tiempo ha transcurrido y no ha sido suficiente, para que todas las denuncias sobre los vicios en el contrato de Punta Catalina fueran investigados. El Ministerio Público dejó el caso a una comisión designada por el presidente Danilo Medina…Y seguimos esperando, no una imputación, sino un informe.
No le vamos a pedir al Ministerio Público que recuerde la Construcción de una carretera en la provincia Duarte, sin ninguna transparencia, utilizando fondos públicos y favorecindor a una persona de dudosa reputación, que llegó desde Estados Unidos.
Lo único que le pedimos es que informe sobre el proceso que deberá llevarse a cabo sobre el caso emblemático de enriquecimiento y ocultación de información sobre su patrimonio del ingeniero Diandino Peña Crique, denunciado por Alicia Ortega y SIN, y sobre el cual se ha tendido un oscuro velo de olvido y protección.