El suicidio del ex presidente peruano Alain García, como consecuencia de la persecución penal que se había iniciado en su contra por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, debe servir para reflexionar sobre el rol de los políticos a su paso por la administración pública y sobre la sana administración de justicia.
Las iniciales de Alan García aparecieron en los documentos de Odebrecht, como receptor de sobornos. Jorge Barata, el representante de Odebrecht en Perú, también señalaron los apoyos ofrecidos por Odebrecht a varios políticos peruanos, que incluían, además de García, a Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, entre otros.
Alan García quiso obtener asilo de Uruguay y le fue negado. Se encontraba en Lima a la espera de ser citado. Lo último que había ocurrido en relación con el tema Odebrecht fue el apresamiento del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y lo siguiente iba directamente contra la libertad de Alan García.
Este miércoles los fiscales acudieron a la residencia de García, él solicitó que le esperaran un momento, fue a su recámara donde guardaba un arma de fuego y si disparó en la cabeza. García no soportó la presión y prefirió el suicidio antes que dar la cara en un juicio penal. La justicia peruana ha hecho su labor, y le tocará seguir haciendo el trabajo de hacer respetar la dignidad de la función pública.
El suicidio de Alan García no tiene que provocar arrepentimientos ni rasgaduras de vestiduras. Alan García entró en un proceso depresivo por la persecución penal. Los documentos de Odebrecht lo exponían, como expusieron a Toledo, Humala, Kuczynski, Fujimori, quienes andan huyendo o están en prisión. En Perú se ha puesto límites a la función presidencial, y todo el que alcance la presidencia de ese país debe conocer que sus actos serán revisados y sus decisiones cuestionadas, si no se corresponden con la Constitución y las leyes.
Una pena el suicidio del ex presidente Alan García. Él quiso que este caso concluyera para él de ese modo, aunque sus actos como presidente del Perú sigan siendo investigados y juzgados por la justicia, como corresponde. Una conclusión habrá, para que no haya impunidad ni nadie que haya cometido delito salga favorecido.