Ha sido alentador que el presidente de la Suprema Corte de Justicia dejara claro que ni el órgano que él dirige ni el Consejo del Poder Judicial tienen en su agenda, para los próximos días ni más adelante, el traslado de la magistrado Katia Miguelina Jiménez, magistrada de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Este diario dio a conocer una información en ese sentido, recibida de fuentes confiables, y de que el traslado se había solicitado ya formalmente, para ser conocido por el Consejo del Poder Judicial, que es el nuevo órgano responsable de aplicar las sanciones disciplinarias y las remociones de jueces. Y que Elías Piña es el lugar del destierro, tal y como antes había ocurrido en dos ocasiones contra la magistrado Wendy S. Martínez Mejía.
El país debe estar atento a este tipo de sanciones y de castigos, en el ámbito del Poder Judicial, porque la reforma de este sector fue empujada y respaldada por organizaciones populares y de la sociedad civil, y cuando el poder político quiso imponer un esquema relacionado con la inamovilidad de los jueces, el mayor respaldo lo recibieron estos magistrados de quienes hoy cuestionan que se utilicen métodos nada democrático en el ámbito de la justicia.
Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha dicho que el sector requiere una segunda ola de reformas, y estamos con él y su idea. Hace falta democratizar más las decisiones en el ámbito judicial. La propia Suprema Corte de Justicia, en su rol de supervisor del trabajo de los jueces –en ocasiones- se ha excedido con sanciones arbitrarias, tomadas con urgencia, muy débiles, en detrimento del justo derecho a la defensa que deben tener también los jueces.
Son muchos los métodos que se utilizan en el ámbito judicial para sancionar o castigar la independencia de un juez. Eso ha quedado evidenciado en un excelente ensayo de la magistrado Wendy Santana, publicado en febrero pasado en la revista Gaceta Judicial.
Si los jueces han querido asociarse en JUDEMO o en cualquier otra agrupación, tienen derecho a hacerlo, con ello no transgreden ninguna norma, y aumentan su derecho a hacerlo cuando el propósito anunciado por lo menos por los Jueces Dominicanos para la Democracia es precisamente ayudar a la independencia y al fortalecimiento del Poder Judicial.
Satisface que Subero Isa haya respondido a nuestras preguntas y haya dejado establecido que no se quiere ni se pretende sancionar a la magistrada Katia Miguelina Jiménez, quien con su trabajo y su verticalidad ha demostrado ser una jueza proba, independiente, honesta y con un amplísimo historial de trabajo, incluyendo iniciativas intelectuales y ahora, con total responsabilidad, presidiendo a JUDEMO.