El sector de las telecomunicaciones ha resultado fortalecido con la pandemia de Covid-19.

Mientras otros servicios han reducido significativamente su actividad, como los restaurantes o los cines y gimnasios, las comunicaciones han crecido, y aprovechado el momento para confirmarse como predominantes en el orden de las prioridades personales y empresariales.

El gobierno ha establecido programas de apoyo a las empresas que mantienen sus operaciones. Esas empresas tienen programas como FASE, que subvenciona los salarios de los empleados que se mantienen. Entre ellas las empresas de telecomunicaciones.

Estas empresas ¿han crecido? Claro que sí ¿Han recibido apoyo oficial? Es muy probable ¿Han distribuido las ayudas oficiales entre sus empleados? Tal vez.

Veamos lo que ha ocurrido con algunos de sus servicios:

Una empresa de servicios tiene 125 flotas contratadas. Por esas flotas activadas paga un total 130 mil pesos mensuales, mediante un contrato firmado. Tiene 97 números telefónicos que distribuye entre sus empleados, con los que gana suficientes recursos para pagar este contrato.

Con la llegada del Covid-19, esta empresa reduce significativamente sus operaciones. Y apenas utiliza el 33% por las flotas contratadas, debido a la reducción general de actividades. Para mantener sus servicios la empresa tiene que seguir pagando mensualmente 130 mil pesos.

La empresa telefónica sigue cobrando sus servicios sin reducción de actividades, pese al Covid-19. Crecieron sus operaciones en general. Especialmente la virtualidad ha significado un aumento de sus demandas de servicios. La gente quiere pagar más por el ancho de banda.

La empresa que paga 130 mil pesos mensuales pide una evaluación para reducir el número de flotas en operación, y que en vez de 125 flotas y 97 teléfonos, sean 50 solo flotas. La empresa de telecomunicaciones dice que hay que revisar el contrato. Es posible reducir las flotas, pero hay que pagar una penalidad para el cambio del contrato: El monto a pagar como penalidad es de 600 mil pesos.

La empresa que brinda este servicio está descapitalizaba. No puede pagar esta penalidad. Tampoco puede asumir los costos del servicio contratado por las 125 flotas, porque sus operaciones han caído. ¿Puede esta empresa vender los servicios de flota telefónica que no utiliza? No, en contrato se lo prohibe también.

El único ganador en esta operación es la empresa telefónica. Nadie le pide explicación. Nadie se ocupa de pensar en las empresas de servicios, ni siquiera el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). La empresa de servicios tiene a su disposición 35 mil minutos, pero sólo está utilizando eficientemente 10 mil minutos. Los restantes 25 mil minutos no los puede vender, pero tiene la obligación de pagarlos. El cuadro es de quiebra obligatoria, para beneficio de la empresa telefónica. Y el Indotel no puede actuar.

Hace falta que alguien salga en defensa, en este momento, de las empresas que requieren apoyo, por la reducción de sus actividades. Muchas de esas empresas tienen contratos con las empresas telefónicas. Alguien tiene que salir en su auxilio para conseguir una flexibilización de los contratos.

Las empresas de servicios deben pagar lo que consumen, y no más, independientemente de lo que que tengan contratado. Es un trabajo para que el Indotel asuma la defensa de los consumidores, en este caso consumidores empresariales.