La sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sobre el caso Odebrecht está dando y seguirá dando mucho de qué hablar. A favor y en contra. La decisión de las magistradas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo es una pieza jurídica de gran importancia para los anales de la justicia dominicana, porque se trata de un esfuerzo de justicia, sin prejuicios, y en base a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El hecho de que este expediente comenzara con 14 imputados y terminara, hasta este momento, con sólo dos personas condenadas por un tribunal colegiado de primera instancia, es un elemento para la reflexión. ¿Se ha sido equilibrado, radical o indulgente con los imputados? Las respuestas dan para todos las direcciones.
Para Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez y Tommy Galán, encartados en el expediente desde un inicio en 2017, las juezas han sido justas y les han excluido del caso. Para los imputados Angel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, se ha sido radical porque les han atribuido haber recibido los 92 millones de dólares de sobornos de Odebrecht y haberse enriquecido en la función pública, clasificado como enriquecimiento ilícito, y haber hecho declaraciones juradas de bienes que le han dejado al descubierto violando la ley de lavado de activos.
El Ministerio Público ha celebrado la condena de dos de los imputados, pero ha anunciado que recurrirá en apelación la decisión de excluir a cuatro de los imputados. Una parte de la sociedad se ha quejado diciendo que los políticos fueron excluidos, y que los gobernantes del pasado quedaron excluidos y protegidos, y que la impunidad se mantiene.
Por lo menos los dos condenados podría recurrir la decisión, porque el tribunal ha dictado 8 y 5 años de prisión, respectivamente, y ha ordenado el decomiso de muchos de los bienes y compañías señalados como parte de las operaciones fraudulentas identificadas.
La sentencia es una pieza extensa, que tardó más de cuatro horas en ser leída, y que será notificada y entregada el 25 de noviembre, dejando un tiempo para que los interesados preparen los recursos de oposición que entiendan y deseen presentar.
Entre las lecciones que nos estaría quedando como sociedad es que la sentencia ha condenado a Víctor Díaz Rúa por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y por dejar constancia en sus declaraciones juradas de bienes que no hay forma de explicar el crecimiento de su fortuna entre un año y otro, sin que necesariamente se le encontraran pruebas de haber recibido sobornos de Odebrecht. Hay que observar esta decisión de las juezas, tomada a unanimidad, y que puede quedar como antecedente en una buena administración de justicia. Cualquier funcionario que pase por la administración de recursos estatales que no pueda justificar el crecimiento de su fortuna es candidato a una condena penal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En el caso de Angel Rondón se determinó que comprometió su responsabilidad penal por la recepción de sobornos de la empresa Odebrecht, a través de sus cuentas bancarias y de las empresas identificadas como suyas y con las que realizaba operaciones muy diversas.
En una corte de apelación se verán nuevamente detalles de este proceso, y se evaluará la decisión de las magistradas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Sobre el anuncio realizado por el director de la PEPCA, Wilson Camacho, de que el Ministerio Público apelará la decisión sobre el descargo de cuatro de los imputados, tal vez deba ser un tema que se evalúe con tranquilidad. Si el Ministerio Público no apela, y el proceso se reduce a sólo dos imputados, el proceso ahorrará mucho tiempo y recursos, y probablemente en un tiempo récord estaríamos con una sentencia definitiva sobre el caso.
Las magistradas del Primer Tribunal Colegiado han ofrecido amplias explicaciones, evaluaron las pruebas, las personas excluidas -por vía de sus abogados- realizaron una buena presentación de defensa, y en particular hay dos que dicen haber sido incluidas por razones políticas, porque eran del partido ahora en el poder. Los otros dos incluyen a un ex senador del partido que acaba de dejar el gobierno, y un abogado que trabajó para un ministro de Obras Públicas del pasado gobierno y para Odebrecht, que por su condición de profesional del derecho tradicionalmente los jueces son más indulgentes al juzgarlo.
Con la decisión que se acaba de dar a conocer el cuadro del poder judicial aparece mucho más ordenado y es muy probable que muchas de las tensiones que se fueron acumulando tiendan a reducirse en las próximas semanas. Llegarán nuevos temas y muchas otras preocupaciones. Es una decisión equilibrada y con ganas de hacer justicia sin prejuicios y sin populismo penal.