“Quiero ser un presidente ético y moral y quiero que mis funcionarios también lo sean”. Esto lo dijo Danilo Medina el 24 de abril del 2012.
Prometió que los funcionarios tendrían que presentar una declaración jurada de bienes, que sería verificada por el gobierno antes de que tomaran posesión. “Yo quiero dirigir mi orquesta, y el que desafine se va”, dijo con determinación el hoy presidente de la República.
Dijo que el funcionario que el rumor público o la prensa lo señale como corrupto “será cuestionado públicamente en un Consejo de Gobierno y si no ofrece respuestas convincentes, lo destituirá”.
Nada de eso ha ocurrido. Las denuncias van y vienen y nadie en el gobierno pone atención a las denuncias. Ni el Ministerio Público, ni el Departamento de Persecución de la Corrupción, ni la Comisión Nacional de Ética e Integridad Gubernamental.
Claro, una cosa es con guitarra y otra con violín. Llegar al gobierno es un objetivo primario, para lo cual cualquier frase vale.
Solo revisar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios hubiese sido un proceso de sanidad, si se hubiese comprobado que lo dicho era cierto. Muchos mintieron, incluyendo los de la parte ética, y lo hicieron intencionalmente, no por ignorancia.
Las denuncias que se han formulado hasta el momento contienen datos irrefutables, en IDECOOP, en el FEDA, en el INDRHI, en los Comedores Económicos, en el Banco Agrícola, en el INFOTEP, en la Oficina de Administración de los Bienes Incautados.
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