El ambiente político y en el Congreso Nacional se ha enrarecido en pocos días. Las explicaciones ofrecidas por el ex presidente Danilo Medina sobre las razones por las que el Partido de la Liberación Dominicana, dique porque la sociedad se cansó del estado de bienestar, ha sido apenas una oportunidad para soltar riendas y reírse un poco.
La presión sobre el Congreso Nacional para eliminar los privilegios que tienen los legisladores, en momentos en que se requiere una reforma fiscal que permita al Estado aumentar los ingresos públicos, motivó que varios legisladores cumplieran su promesa de hacerle frente al barrilito y a otras ventajas irritantes que tienen los legisladores. Sólo el presidente del Senado, Eduardo Estrella, el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, y la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, se han negado a recibir los fondos del programa de compensación para clientelismo de los senadores.
La idea genial que han puesto a circular los senadores, con excepción de apenas los tres mencionados, ha sido aceptar la eliminación de las ventajas con la condición de que se haga lo mismo con el turismo, las zonas francas, la energía renovable, a los pensionados y rentistas de fuente extranjera, a los casinos y tragamonedas, la devolución de los gastos educativos, importación de vehículos de energía no convencional, a la industria textil, a las sucesiones y donaciones, a la industria cinematográfica, exoneraciones a los miembros de la carrera judicial, a la industria minera, a la innovación industrial, a las asociaciones sin fines de lucro, al sector eléctrico, a la prevención de riesgos, y entre otras disposiciones deciden un reajuste de los salarios para que nadie gane más que el presidente de la República, incluyendo bajar los salarios del Banco Central y Junta Monetaria, Superintendencias y otros estamentos públicos.
Se reducen los gastos de publicidad del gobierno en un 50 por ciento y se limita la adquisición de vehículos a un precio que no sobrepase los 30 mil dólares para los funcionarios públicos, con la excepción del presidente y la vicepresidenta de la República.
Nunca se había producido una propuesta de ley tan arrasadura de todo el andamiaje de gasto tributario que se ha estructurado. Los legisladores lo que están diciendo es que no quieren que les quiten sus privilegios y la forma de hacerlo es poner a todo el mundo en el mismo saco. Pocas veces se había un consenso sobre un proyecto tan controversial como este. Obvio que el Estado tendría que desandar muchas de las políticas que han permitido el crecimiento y desarrollo de la República Dominicana. La ley de incentivo al turismo ha permitido convertir el turismo en nuestra principal industria y en una de las fuentes de ingresos más importante del país. Las zonas francas también serían tocadas, y el cine que ha representado una industria en franco crecimiento. Todo eso se desmontaría porque los senadores se niegan a renunciar al privilegio del barrilito, las exoneraciones, viáticos y otras ventajas.
Juegos aparte, el presidente Luis Abinader hablará sobre la reforma fiscal esta noche, a partir de las 7, en un discurso que se preve breve y conciso, exclusivamente sobre la cuestión fiscal y algunos mecanismos de recaudación que pudiera haber identificado el gobierno para bajar las tensiones, porque se divulgaron versiones exageradas del tipo de reforma que desea poner en marcha el gobierno.
Al final será el gobierno el que defina lo que necesita y lo que demandará de la sociedad dominicana como sacrificio. A partir de ahí tendremos la oportunidad de equilibrar la magnitud del problema y la razón o no que tengan las autoridades. Lo que sí sabemos que vale la pena, y que es una barbaridad que debe terminar, es el barrilito como fuente de financiamiento irregular del clientelismo de los senadores y diputados.