Pasada la Semana Santa, y contados los fallecidos en el asueto que recuerda el sacrificio de Jesús, el Gobierno del presidente Danilo Medina está en la disyuntiva de reflexionar y tomar decisiones que le vuelvan a conectar con el sentimiento y los deseos de la sociedad dominicana, o continuar su silencio incomprensible y dañino.
Los mensajes que se enviaron durante la Semana Santa, tanto desde los púlpitos como desde las tribunas de la oposición y de las organizaciones de la sociedad civil, demandan transparencia y acciones oficiales, en el sentido de que no están protegiendo a nadie, como ha dicho el presidente Danilo Medina, de que en su administración ni fuera de ella hay vacas sagradas.
Las informaciones procedentes de Brasil siguen fluyendo. La sociedad dominicana las recibe y las digiere, y aún sigue esperando respuestas del gobierno y del Ministerio Público. Es cada vez más clara la vinculación de las autoridades con actos reñidos con la ley, para la elección del 2012, y muy probablemente para la reelección del 2016, que empañan la transparencia de ambos procesos electorales.
Las delaciones premiadas de importantes funcionarios de la empresa Odebrecht, más la propia declaración del principal ejecutivo ya condenado, Marcelo Odebrecht, son firmes en la confirmación que se puso en funcionamiento un esquema de corrupción y soborno que invadía las entrañas de varios gobiernos, que incluía sobornos para los funcionarios y apoyo para los partidos políticos aliados al de los Trabajadores de Brasil, a cambio de concesiones por vía de obras licitadas.
Lo de Odebrecht ha sido divulgado, debatido y admitido por los funcionarios de la empresa. Y finalmente en los documentos judiciales del caso consta que el llamado Departamento de Operaciones Estructuradas fue trasladado a la República Dominicana cuando la investigación judicial del caso Lava Jato avanzaba. Y el traslado se produjo porque en nuestro país había garantías y seguridades que en otros países no podían tener.
Ya no se trata de Odebrecht. Se trata de la confianza en las autoridades dominicanas para investigar y poner claridad en un asunto que enturbia al Gobierno y al sistema político, y también genera dudas sobre la calidad de los procesos electorales del 2012 y del 2016.
La investigación que realiza el Ministerio Público ha caído en una monotonía pasmosa, sin resultados, sin transparencia, sin acciones que evidencien la seriedad de lo que se investiga. No hay datos que pongan una pizca de rectitud en lo que se estaría investigando. El tiempo que transcurrido desde que se iniciaron las indagatorias en diciembre del año pasado es ya una prueba de que esto no tiene carácter, ni ritmo, ni transparencia, ni rigor y menos interés por descubrir las ilegalidades que se han expuesto en otros países.
Si salimos con un resultado milagroso, y queda evidenciado en Brasil y en República Dominicana que hubo una excepción en la relación Odebrecht-Gobierno dominicano, alguien tendría que dar explicaciones sobre la admisión de la empresa ante las autoridades de Estados Unidos sobre los 92 millones de dólares entregados entre el 2001 y el 2014.
La cuestión es que si las autoridades locales estuvieran liberadas de responsabilidad por sobornos, sobrevaloraciones y otros acuerdos ilícitos, habrían sido más diligentes, proactivas, transparentes con la investigación, y habrían levantado hasta las piedras -como lo hicieron para buscar votos en el 2016- para descubrir a los responsables de la corrupción y someterlos a la justicia.
Al gobierno le habría convenido mucho y habría sacado gran capital político con esas indagatorias. Lo que ha ocurrido es lo contrario. No hay datos de las investigaciones. No se investiga con seriedad. No se interroga, sino que se entrevista a personas. No se apresa preventivamente a nadie, y se deja la sospecha de que algo anda muy mal y que las autoridades no quieren que esto avance. Los avances los ofrecen desde Brasil las autoridades judiciales de ese país, que ya han planteado la posibilidad de castigar la corrupción admitida por Odebrecht en otros países, fuera del territorio brasileño.
El Gobierno del presidente Medina luce asediado, acorralado, sin iniciativa. Las declaraciones que ofrecen sus funcionarios más representativos no guardan relación con las promesas y anhelos de transparencia que siempre hizo el presidente. El segundo período de gobierno del presidente Medina apenas está comenzado. Ha llegado ya a su octavo mes, pero necesita aire para respirar y resistir la presión que representa el movimiento verde, los reclamos de la sociedad civil y de la oposición, que no cesan de señalar ya directamente al principal activo del gobierno: el presidente de la República.
Todo parece indicar que al gobierno le ha llegado el tiempo de tomar iniciativas, y de intentar ser transparente. Se le está agotando el tiempo.