Para la mayor parte de la sociedad dominicana el principal problema que sigue teniendo el país es la delincuencia y la ausencia de políticas públicas eficientes para detener la violencia social y delincuencial.
Una cosa son los crímenes directos, por razones comerciales o de tráfico de influencias y de drogas, que ocurren en nuestro territorio, como acaba de ocurrir en Punta Cana con un empresario venezolano, y otra cosa son los crímenes que ocurren en los asaltos, el robo vulgar, la persecución contra personas que llevan objetos de valor encima.
El país sigue sufriendo una intensa campaña de violencia que da la impresión de que no estamos bien, y de que no es seguro transitar por las calles y carreteras del país. Estados Unidos y Reino Unido han advertido a sus ciudadanos que es riesgoso hacer turismo en la República Dominicana.
Lo importante es que el gobierno tenga un plan, y sea efectivo en la parte preventiva. Si un crimen se produce a cualquier hora del día, y los autores tienen la oportunidad de evadirse, sin que haya autoridad que lo resuelva con rapidez, el riesgo es muy alto para el país.
El presidente Medina acaba de designar a Roberto Salcedo como ministro sin Cartera para el asunto de la Seguridad Ciudadana. Nadie le reconoce al señor Salcedo experiencia en esa área, como tampoco se le reconocía al anterior ministro, Franklin Almeyda. Eso es un indicio de que no tenemos un plan. El gobierno del presidente Medina ha lanzado varios programas de prevención del crimen organizado, y esos planes han fracasado. Los ministros de Interior y Policía que hemos tenido no han elaborado ningún programa que pueda mostrarse como respuesta al problema de la delincuencia.
Lo más común ha sido la llamada política de “mano dura”. Eso es lo que la gente reclama, y hasta los obispos, sin tomar en cuenta que esa política es el reconocimiento del fracaso. Mano dura es asesinar a los presuntos delincuentes. Muchos de ellos mueren a manos de agentes policiales que no han recibido formación y que carecen de criterio hasta para matar a alguien que presumen delincuente. Los ejemplos abundan.
En su discurso el presidente fue parco sobre el tema de la seguridad ciudadana. Habló de los aumentos de salarios a los agentes policiales, de la cantidad de agentes para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia. Reveló la separación de 4,300 agentes policiales hasta el 2018 que han sido separados de la Policía Nacional por faltas incompatibles con su labor. Hay cada vez más agentes en actos delincuenciales. Eso es gravísimo, pero el Estado ha aumentado los cursos y entrenamiento para que ello no siga ocurriendo.
El presidente ha insistido en la reducción del índice de criminalidad en el país, y ahora citó un reporte de Insight Crime como evidencia de que lo dicho es verdad. Pero el presidente es consciente de que esto no elimina la percepción de riesgo de la gente. No hemos realizado ningún estudio sobre percepción de inseguridad y productividad. El daño es enorme.
Lamentablemente, por más que hemos buscado, en el discurso del presidente no hay una propuesta diferente de lo que se ha hecho para combatir el crimen y la delincuencia. Seguimos en lo mismo, y pareciera como si el gobierno hubiera agotado todo el arsenal de propuestas que una vez tuvo el presidente Medina sobre este asunto. Agotamiento es la palabra correcta. La pobreza, la marginalidad, la ausencia de opciones para la diversión, las drogas, la falta de educación eran algunos de los factores que manejaba el presidente como explicación de la inseguridad. Ya ni eso se considera. El gobierno ha menguado su capacidad de combatir la delincuencia. Y se conforma con hacer lo que ha hecho siempre la Policía Nacional, como lo poco que se le sigue proporcionando. La reforma policial también quedó en el olvido, lo mismo que poner recursos y apoyos a las comunidades para asumir con capacidad propia este asunto que le incumbe como pocos.