En la “Corte” de la opinión pública dominicana parecería que el rechazo a la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CteIDH) prevalece. Ésta es una de las falencias del Sistema Interamericano de derechos humanos: no ha encontrado una fórmula apropiada para promover en los Estados partes un mejor conocimiento sobre su operatividad e importancia y ganar de su parte, por lo menos, una parte significativa de la opinión pública. El apego a derecho no es suficiente. En este sentido, el Sistema se encuentra en una encrucijada.
Desde ya quiero dejar establecido que considero la sentencia vinculante para el Estado dominicano y que el gobierno debe buscar una fórmula para cumplir con ésta. Concuerdo con aquellos abogados (Jorge Prats, Perdomo) que han afirmado que para ello no es necesario modificar la Constitución.
El rechazo expresado por el gobierno a la sentencia es lamentable. Ojalá el presidente reflexione, sin mirar las encuestas, sobre la importancia de sus palabras en relación a este tema. Si es verdad que como parte de su “nueva” política exterior, como recientemente ha anunciado el Canciller, el tema de los derechos humanos ha sido elevado a uno de sus objetivos centrales y que habrá un acercamiento con los principales órganos internacionales de protección, en particular con los del Sistema Interamericano, el presidente Medina debería enfocar la sentencia en una perspectiva más amplia que el momento actual y meditar con serenidad su enfoque.
Señor presidente, la soberanía nacional no está en la balanza: sí lo están la imagen y la credibilidad del país, de si honra o no los compromisos internacionales libremente asumidos y de si es verdad, como dice el artículo constitucional 74.3 que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos…tienen jerarquía constitucional”.
Por lo menos haga una crítica constructiva a las debilidades del Sistema Interamericano, que las hay, y proponga una alianza de su gobierno con aquellos que creen en los derechos humanos y que buscan mejorar el sistema. Proponga soluciones, no solo críticas o salidas abruptas que solo irán en detrimento del país y de los órganos de derechos humanos, que tanto beneficio han traído a los pueblos latinoamericanos, incluyendo el nuestro.
Esta última sentencia de la Corte tiene sus raíces en una larga serie de entuertos causados o permitidos por numerosos gobiernos previos al suyo, pero que usted tiene que asumir por la continuidad del Estado.
Señor presidente, la soberanía nacional no está en la balanza: sí lo están la imagen y la credibilidad del país, de si honra o no los compromisos internacionales libremente asumidos y de si es verdad, como dice el artículo constitucional 74.3 que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos…tienen jerarquía constitucional”
Como ha escrito Rosario Espinal hasta la saciedad, los principales responsables del estado actual de cosas somos nosotros, tanto gobiernos como algunos empresarios, que por décadas hemos buscado mano de obra barata y después hemos querido descartar a su suerte a estas personas y a sus hijos. Se pospuso por décadas la adopción de una ley de migración, luego por años su reglamento, sobrevino la lamentable sentencia del TC y ahora le ha tocado a usted lidiar con la acumulación de yerros. El día de ajuste y rendición de cuentas –tarde o temprano- siempre llega.
Debe quedar diáfanamente claro: la sentencia no está dirigida al plan nacional de regularización de migrantes, no tiene que ver con el tema migratorio; se relaciona con la cuestión de la nacionalidad y otros derechos conexos.
Como escribiera previamente, el error de todos nuestros gobiernos ha sido el de permitir que lleguen casos hasta la Corte, en vez de resolverlos a través del mecanismo de solución amistosa ante la Comisión. Este caso estuvo sometido durante varios años a un proceso de solución amistosa entre el Estado y los peticionarios, pero las más altas autoridades, anteriores a su gobierno, no quisieron tomar las decisiones políticas y jurídicas necesarias para resolver el caso. Ahora el costo y el escándalo nacional e internacional es infinitamente mayor.
El Sistema Interamericano de derechos humanos, que se inició en 1959, tiene una parte de sus raíces en República Dominicana. Como Estado fundador de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hemos contribuido a la creación y fortalecimiento de sus órganos de derechos humanos, notoriamente considerados como la joya de la corona de la OEA.
Señor presidente, sus palabras tendrán una repercusión nacional, regional y universal; no le quepa duda alguna.