El ciudadano común de la República Dominicana tiene serios obstáculos para conseguir que le hagan justicia en sus demandas o en sus denuncias de atropellos de autoridades o de personas con ciertas influencias.

Es lo que ocurre con algunos inversionistas, quienes llegan al país cargados de proyectos, se establecen y adquieren propiedades o empresas, y luego de que están operando descubren la maraña de intereses que deben sortear para que sus conflictos tengan algún resultado. No son uno ni dos los casos que llegan a conocerse.

La denuncia de la actuación incorrecta de un juez, por ejemplo, es difícil que logre mover a las autoridades. Tienen que producirse denuncias de grupos poderosos o del representante de alguna embajada importante para que el Poder Judicial se mueva a investigar la denuncia.

Es lo que acaba de ocurrir con la jueza Altagracia Sánchez Molina, suspendida y bajo investigación por una denuncia del embajador del Reino Unido, Steven Fisher, de que una empresa inglesa se marchó del país debido a que en un tribunal no hizo valer sus derechos y fue chantajeada o extorsionada a pagar 6 mil dólares por una decisión judicial.

Esa denuncia de Fisher generó un gran revuelo y la petición del Procurador General de la República de identificar las motivaciones de su denuncia. La Suprema Corte de Justicia ha tomado en sus manos el caso y ya suspendió a la magistrada aparentemente involucrada.

¿Y qué pasaría con la denuncia, en iguales términos, de un ciudadano común? Que no pasa nada, nadie investiga nada y todo sigue su curso. En el país hay mucha corrupción y una gran insensibilidad en casos de justicia, que nunca son investigadas.

Rosa Abel Lora, una ciudadana que ha reclamado justicia desde hace varios años, que ha padecido la violación de sus derechos y la negación de justicia. Es una situación lastimosa y degradante.

Pero Rosa Abel Lora es una mujer de temple, insistente, con una capacidad de movimiento y una voluntad a toda prueba. Dicen que la fe mueve montañas, y en caso de Rosa Abel es simbólicamente representativo.

El conflicto judicial de esta mujer ha sido extenso, costoso y traumático. Aparte de que emocionalmente ella y sus hijos han sido afectados. Sus hijos son los hijos del senador  peledeísta Heinz Vieluf Cabrera, de la provincia de Montecristi, y un hombre con poder y capacidad para torcer voluntades.

En el caso de Rosa Abel, como en los casos de Sandra Acta y Altagracia Ramírez, la insistencia ha sido el factor determinante. No han podido quebrar su voluntad y reclamo de justicia. Y los tribunales resultan indiferentes a sus reclamos. Oir a Rosa Abel contar la historia de su peregrinaje es casi como sentarse en escuchar la primera parte de los cuentos de Las Mil y Una Noches.

Rosa Abel Lora había denunciado a la magistrada suspendida. Fue en el 2005 que lo hizo, y presentó documentos y la sometió a un tribunal disciplinario, pero nadie la quiso escuchar. Su petición fue declarada sin fundamento. Hoy la justicia debía darse golpes en el pecho, porque tuvo que reclamar atención el representante de una potencia como Reino Unido, para que esta jueza fuera investigada.

Rosa Abel Lora, quien en una ocasión prisionera de la desesperación hizo uso de un arma de  fuego para evitar un desalojo en una casa donde residía con sus hijos, es una mujer que merece ser escuchada, que ha vivido bajo el signo de la violencia social, que ha sufrido todos los trastornos y arrebatos que el poder puede ocasionar y que sigue reclamando justicia, sin lograrlo.

La denuncia del embajador de Reino Unido es una forma de reivindicar este caso terrible de negación de justicia, a una mujer y a sus hijos, que requieren y reclaman con los medios que las leyes les proporcionan.